El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) recurrirá la sanción impuesta por la Xunta de Galicia, una multa de 45.000 euros que castiga el vertido de dos vagones al río Sil en los trabajos de limpieza de un descarrilamiento. Se trata de la máxima penalización que se puede establecer frente a una infracción grave, una calificación definida en la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, como finalmente calificó el ejecutivo autonómico la actuación de Adif.
Según explicaron desde la entidad ferroviaria, la resolución del expediente sancionador de la Xunta tiene fecha de este 16 de septiembre y fue notificada a Adif el 20 de septiembre. Tal y como anunciaron, recurrirán por vía administrativa la decisión. Hasta el momento no han emitido valoración alguna.
El expediente sancionador de la Xunta culminó en el máximo castigo posible ante una infracción grave
Una decisión "descabellada"
La progresión de los hechos que sanciona la Xunta comenzó el martes 28 de julio del año pasado, cuando un tren de mercancías descarriló en las proximidades de Sobradelo en un lugar de difícil acceso. El maquinista resultó ileso, pero varios vagones -Renfe los cifró en cuatro- quedaron dañados.
Estado en el que quedó el convoy accidentado.
Fue entonces cuando Adif comenzó los trabajos para limpiar la línea, llevar a cabo las reparaciones precisas y preparar el tramo para reanudar el servicio comercial. Estas operaciones revestían una especial complejidad, ya que un barranco hacia el Sil y un talud por el otro lado encajonaban la vía. Se imposibilitaba así la aproximación de vehículos que pudieran prestar auxilio en las maniobras.
El domingo 2 de agosto una excavadora empujó dos de los vagones terraplén abajo hacia el río. Uno de ellos se detuvo a escasos metros de la vía y no llegó a entrar en el agua. El otro se deslizó rodando por la ladera, con parte del mismo sumergiéndose en el Sil.
Estos hechos provocaron la protesta e indignación no solo de buena parte de los valdeorreses. También de figuras políticas de las más altas instancias, como la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien calificó el suceso como “descabellado”. El Juzgado de O Barco abrió diligencias, aunque las archivó finalmente. La Consellería de Medio Rural no archivó su expediente, que culminó en la sanción a Adif.
