Todo estaba preparado para que seis años después de desencadenarse la Operación Avellana en O Barco, respondiesen ante la justicia, por el delito de tráfico de drogas, nueve de las personas detenidas en aquel entonces. Pero a un mes escaso de la vista oral, que debía comenzar el 1 de diciembre, fue necesario cursar una requisitoria judicial para remitir a las fuerzas de seguridad ante la desaparición de dos de los cabecillas de lo que el fiscal considera una organización para la introducción de droga en Valdeorras.
Se esfumaron sin dejar rastro, como una columna de humo. Harold Andrés Bonilla Tejada y Yuli Paulina Mendes Giraldo. Se trata de dos de los nueve acusados a los que la Audiencia provincial de Ourense debía juzgar a comienzos de diciembre, en el marco de la Operación Avellana, desarrollada contra el narcotráfico en O Barco, en el año 2003. Ambos de nacionalidad colombiana, se han difuminado en el amplio mapa europeo, pues la retención de su pasaporte les impide huir hacia países extracomunitarios. Desde hace aproximadamente dos meses, dejaron de acudir a los juzgados de Madrid para firmar y acreditar de ese modo su localización. La requisitoria judicial se formalizó hace un mes con el fin de alertar a las fuerzas de seguridad ante la aparición de algún indicio que pueda destapar la localización.
Fuentes de la Audiencia, que había señalado la celebración del juicio para los días 1, 2 y 3 de diciembre, apuntaron al aplazamiento de la vista oral. Ésta dirimiría la implicación en el delito de tráfico de drogas también a Oswaldo Amaya Laurada, Juan Carlos García Barba alias Cacao, Anabella Lozada alias La Chimba, Arsenio García Barba alias Carra, Carina Andreia Marques, Enrique Ramos González e Isabel García.
A partir de abril de 2003, a raíz de las investigaciones de la Guardia Civil, se tuvo conocimiento, según el Ministerio Fiscal, de que los acusados, a excepción de Isabel García, podrían integrar una banda organizada dedicada a la introducción y venta ilegal de droga en Valdeorras. Analizadas las conversaciones telefónicas mantenidas entre los acusados, las transferencias bancarias entre ellos, el seguimiento policial y otras diligencias, se habría advertido que los acusados formaban una estructura con distintos niveles. Las dos personas huidas y Oswaldo Amaya, en tanto proveedores, integrarían la parte más alta de la pirámide: la dirección. Ellos analizaban, según la acusación, la información que les facilitaban sus subordinados, determinaban el momento y la cantidad de droga que iban a introducir en el mercado, viajaban desde sus residencias en Madrid transportando la cocaína hasta los domicilios de los hermanos García Barba en O Barco.
El escalón de la distribución lo formaban Juan Carlos y Arsenio García Barba, Anabella Lozada y Carina Andreia Marques. Obedecían instrucciones, pero a su vez bajo su cargo tendrían a personas que se encargaban de buscar compradores, realizar los actos concretos de venta, cobrar y en algunos casos reclamar deudas a los morosos por medios violentos. Enrique Ramos, como intermediario ejecutor de las misiones que le encomendaban los distribuidores, cerraba la organización. Al margen del grupo se encontraría Isabel García, que vendía hachís a los consumidores finales.
El 19 de julio de 2003 se precipitó en O Barco la Operación Avellana que acabó con la detención de los acusados así como con la incautación de 89 gramos de cocaína, 120 gramos de hachís y 320 de cannabis.
Ocho de los nueve acusados estuvieron en prisión provisional
El Ministerio Público, en su escrito de calificación, solicita una pena de 12 años de prisión, y multa de 12.000 euros, para Harold Andrés Bonilla, Yuli Paulina Mendes y Oswaldo Amaya. En el caso de los dos hermanos García Barba, Anabella Lozada y Carina Andreia Marques, la petición baja a los 11 años de cárcel y multa de 6.000 euros. Para Enrique Ramos, la solicitud asciende a nueve años de prisión y multa de 4.000 euros. Todos ellos están acusados de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño. Isabel García, acusada del mismo delito, pero en la modalidad de daño no grave, la pena sería de dos años de prisión y multa de 1.000 euros.
Todos los acusados, a excepción de ésta última, permanecieron en distintos períodos en prisión provisional. Los huidos, algo más de medio año.
En el caso de Harold Andrés Bonilla, cuenta ya con una sentencia firme de la Sección Segunda de la Audiencia provincial de Madrid, por la que fue condenado como autor de un delito de tráfico de drogas a la pena de prisión de tres años, con fecha de 19 de abril de 2005. La Operación Avellana permitió incautar droga en posesión de los dos acusados hoy huidos, pero también estupefacientes en el registro al que se procedió en los domicilios del resto.
Fuentes de la Audiencia, que había señalado la celebración del juicio para los días 1, 2 y 3 de diciembre, apuntaron al aplazamiento de la vista oral. Ésta dirimiría la implicación en el delito de tráfico de drogas también a Oswaldo Amaya Laurada, Juan Carlos García Barba alias Cacao, Anabella Lozada alias La Chimba, Arsenio García Barba alias Carra, Carina Andreia Marques, Enrique Ramos González e Isabel García.
A partir de abril de 2003, a raíz de las investigaciones de la Guardia Civil, se tuvo conocimiento, según el Ministerio Fiscal, de que los acusados, a excepción de Isabel García, podrían integrar una banda organizada dedicada a la introducción y venta ilegal de droga en Valdeorras. Analizadas las conversaciones telefónicas mantenidas entre los acusados, las transferencias bancarias entre ellos, el seguimiento policial y otras diligencias, se habría advertido que los acusados formaban una estructura con distintos niveles. Las dos personas huidas y Oswaldo Amaya, en tanto proveedores, integrarían la parte más alta de la pirámide: la dirección. Ellos analizaban, según la acusación, la información que les facilitaban sus subordinados, determinaban el momento y la cantidad de droga que iban a introducir en el mercado, viajaban desde sus residencias en Madrid transportando la cocaína hasta los domicilios de los hermanos García Barba en O Barco.
El escalón de la distribución lo formaban Juan Carlos y Arsenio García Barba, Anabella Lozada y Carina Andreia Marques. Obedecían instrucciones, pero a su vez bajo su cargo tendrían a personas que se encargaban de buscar compradores, realizar los actos concretos de venta, cobrar y en algunos casos reclamar deudas a los morosos por medios violentos. Enrique Ramos, como intermediario ejecutor de las misiones que le encomendaban los distribuidores, cerraba la organización. Al margen del grupo se encontraría Isabel García, que vendía hachís a los consumidores finales.
El 19 de julio de 2003 se precipitó en O Barco la Operación Avellana que acabó con la detención de los acusados así como con la incautación de 89 gramos de cocaína, 120 gramos de hachís y 320 de cannabis.
Ocho de los nueve acusados estuvieron en prisión provisional
El Ministerio Público, en su escrito de calificación, solicita una pena de 12 años de prisión, y multa de 12.000 euros, para Harold Andrés Bonilla, Yuli Paulina Mendes y Oswaldo Amaya. En el caso de los dos hermanos García Barba, Anabella Lozada y Carina Andreia Marques, la petición baja a los 11 años de cárcel y multa de 6.000 euros. Para Enrique Ramos, la solicitud asciende a nueve años de prisión y multa de 4.000 euros. Todos ellos están acusados de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño. Isabel García, acusada del mismo delito, pero en la modalidad de daño no grave, la pena sería de dos años de prisión y multa de 1.000 euros.
Todos los acusados, a excepción de ésta última, permanecieron en distintos períodos en prisión provisional. Los huidos, algo más de medio año.
En el caso de Harold Andrés Bonilla, cuenta ya con una sentencia firme de la Sección Segunda de la Audiencia provincial de Madrid, por la que fue condenado como autor de un delito de tráfico de drogas a la pena de prisión de tres años, con fecha de 19 de abril de 2005. La Operación Avellana permitió incautar droga en posesión de los dos acusados hoy huidos, pero también estupefacientes en el registro al que se procedió en los domicilios del resto.
