La pizarrera Samaca S.A., con su presidente Rogelio López a la cabeza, y cuatro socios de otras tantas empresas asociadas al Grupo Empresarial Samaca, se sientan desy hasta mañana en el banquillo de los acusados. Todos están acusados de haber defraudado a la Hacienda Pública un total de 211.000 euros, procedentes de la venta de pizarra a una empresa alemana. La defensa solicitó ayer, durante la exposición de las cuestiones previas, la prescripción del delito, circunstancia a la que no accedió el juez.
Después de un aplazamiento de siete meses, la Justicia sentó en el banquillo de los acusados a Rogelio López, presidente de la pizarrera Samaca S.A., para quien el fiscal solicita tres años de prisión y multa de 844.308 euros por un delito contra la Hacienda Pública, a la que habría defraudado 211.000 euros. No es la primera vez que se enfrenta al acecho del Ministerio Público: en 2007 fue absuelto de cinco delitos por fraude fiscal.
Ayer no estaba solo. En el mismo banquillo comparecieron sus socios Juan Carlos González (representante de Pizarras Gonta), Antonio Silva (Pizarras Galir), Martín Domínguez (Pizarras La Tranquila) y David Arias (Pivasa). Estas cuatro empresas, integradas en el Grupo Samaca, se dedican a la extracción, delegando en Samaca S.A. la comercialización.
Para que ayer el presidente de Samaca S.A., y a la vez consejero de las otras pizarreras, acabara compareciendo como acusado, varios años antes, en 1999, la Agencia Tributaria tuvo que practicar una inspección de las cuentas de Manuel Luaces, cuñado de Rogelio López, después de detectar como en 1996 recibió un volumen de transferencias de 697.000 euros, que no se correspondían con ninguna actividad comercial conocida.
¿De dónde precedía aquel dinero? Rogelio López admitió que en su día acordó, junto con su cuñado, ocultar los beneficios económicos obtenidos por ventas de pizarra a Magog, una firma alemana, evitando así declarar impuestos. Yo era consciente de que dejaba de pagarlos, pero era fundamental hacerlo, afirmó, porque en el año 1996 escaseaba la mano de obra y para retenerla, y aumentar la producción, decidimos pagar sobresueldos en dinero negro.
Ahora bien, negó que fuese Samaca S.A., dedicada exclusivamente a la comercialización, la empresa que vendió el material a Alemania. La línea de defensa de los acusados pasa por sostener que fueron las empresas extractoras (Gonta, Galir, La Tranquila y Pivasa) y no Samaca S.A. las que vendieron la pizarra, ingresando los pagos en la cuenta de Manuel Luaces.
Si el tribunal acabase apreciándolo así, las consecuencias serían relevantes. Primero, porque el delito habría prescrito, ya que desde 1996 no se ha producido ningún tipo de imputación contra las empresas extractoras, y los delitos contra la Hacienda Pública vencen en cinco años. Segundo, porque la cantidad mínima a partir de la cual el fraude se considera delito, son 120.000 euros, lo que significa que lo que podía ser un delito, se queda en infracción.
Una gratificación por un testimonio falso
E.M.M. compareció como testigo en la primera sesión del juicio. Reside en Alemania y en 2001 trabajaba para una empresa propiedad de su mujer, que en su momento mantuvo relaciones comerciales con Rogelio López. El 23 de octubre de aquel año recibió una llamada de éste. Me comentó que había hecho algunos negocios no demasiado correctos junto con un pariente, y me preguntó si yo podría justificar pagos por ventas de pizarra. Eso sería un testimonio falso y le dije que no, afirmó el testigo, llegado desde centroeuropa para prestar declaración. Es más, afirmó que Rogelio López le comentó que, si justificaba algunos camiones con pizarra, tendría una buena gratificación, sin entrar en cantidades concretas.
La defensa del presidente del Samaca y sus socios planteó, como cuestión previa, la prescripción del delito que se les imputaba, pero el juez resolvió que estaba fuera de lugar después de no haberla planteado en enero, cuando el juicio quedó aplazado.
Una máquina de escribir y 5 empresas
El fiscal trató de demostrar que fue Samaca S.A., en tanto empresa comercializadora, la que vendió a Magog la pizarra cuyos pagos luego no se declararon. De hecho, el fiscal subrayó que durante la instrucción del juicio, los socios de Rogelio López declararon que era éste quien vendía la pizarra. Ayer, lo negaron, aunque con afirmaciones confusas. Lo que sí admitieron los acusados es que, excepto en el año 1996, cuando aseguraron vender ellos la pizarra a Magog, el 90% de su producción la comercializa Samaca. El fiscal enfatizó que los peritos han acreditado que los documentos que usan los transportistas de la pizarra estaban redactados todos con la misma máquina de escribir, propiedad de Samaca S.A.
Ayer no estaba solo. En el mismo banquillo comparecieron sus socios Juan Carlos González (representante de Pizarras Gonta), Antonio Silva (Pizarras Galir), Martín Domínguez (Pizarras La Tranquila) y David Arias (Pivasa). Estas cuatro empresas, integradas en el Grupo Samaca, se dedican a la extracción, delegando en Samaca S.A. la comercialización.
Para que ayer el presidente de Samaca S.A., y a la vez consejero de las otras pizarreras, acabara compareciendo como acusado, varios años antes, en 1999, la Agencia Tributaria tuvo que practicar una inspección de las cuentas de Manuel Luaces, cuñado de Rogelio López, después de detectar como en 1996 recibió un volumen de transferencias de 697.000 euros, que no se correspondían con ninguna actividad comercial conocida.
¿De dónde precedía aquel dinero? Rogelio López admitió que en su día acordó, junto con su cuñado, ocultar los beneficios económicos obtenidos por ventas de pizarra a Magog, una firma alemana, evitando así declarar impuestos. Yo era consciente de que dejaba de pagarlos, pero era fundamental hacerlo, afirmó, porque en el año 1996 escaseaba la mano de obra y para retenerla, y aumentar la producción, decidimos pagar sobresueldos en dinero negro.
Ahora bien, negó que fuese Samaca S.A., dedicada exclusivamente a la comercialización, la empresa que vendió el material a Alemania. La línea de defensa de los acusados pasa por sostener que fueron las empresas extractoras (Gonta, Galir, La Tranquila y Pivasa) y no Samaca S.A. las que vendieron la pizarra, ingresando los pagos en la cuenta de Manuel Luaces.
Si el tribunal acabase apreciándolo así, las consecuencias serían relevantes. Primero, porque el delito habría prescrito, ya que desde 1996 no se ha producido ningún tipo de imputación contra las empresas extractoras, y los delitos contra la Hacienda Pública vencen en cinco años. Segundo, porque la cantidad mínima a partir de la cual el fraude se considera delito, son 120.000 euros, lo que significa que lo que podía ser un delito, se queda en infracción.
Una gratificación por un testimonio falso
E.M.M. compareció como testigo en la primera sesión del juicio. Reside en Alemania y en 2001 trabajaba para una empresa propiedad de su mujer, que en su momento mantuvo relaciones comerciales con Rogelio López. El 23 de octubre de aquel año recibió una llamada de éste. Me comentó que había hecho algunos negocios no demasiado correctos junto con un pariente, y me preguntó si yo podría justificar pagos por ventas de pizarra. Eso sería un testimonio falso y le dije que no, afirmó el testigo, llegado desde centroeuropa para prestar declaración. Es más, afirmó que Rogelio López le comentó que, si justificaba algunos camiones con pizarra, tendría una buena gratificación, sin entrar en cantidades concretas.
La defensa del presidente del Samaca y sus socios planteó, como cuestión previa, la prescripción del delito que se les imputaba, pero el juez resolvió que estaba fuera de lugar después de no haberla planteado en enero, cuando el juicio quedó aplazado.
Una máquina de escribir y 5 empresas
El fiscal trató de demostrar que fue Samaca S.A., en tanto empresa comercializadora, la que vendió a Magog la pizarra cuyos pagos luego no se declararon. De hecho, el fiscal subrayó que durante la instrucción del juicio, los socios de Rogelio López declararon que era éste quien vendía la pizarra. Ayer, lo negaron, aunque con afirmaciones confusas. Lo que sí admitieron los acusados es que, excepto en el año 1996, cuando aseguraron vender ellos la pizarra a Magog, el 90% de su producción la comercializa Samaca. El fiscal enfatizó que los peritos han acreditado que los documentos que usan los transportistas de la pizarra estaban redactados todos con la misma máquina de escribir, propiedad de Samaca S.A.
