La parlamentaria del BNG Olalla Rodil reclamó la “resolución inmediata do contrato coa empresa”, aludiendo a Mersant Vigilancia, por las irregularidades salariales que se arrastran desde diciembre de 2021 y que afectan a 17 centros gallegos, entre residencias de mayores, menores, casas del Mar, centros educativos, de protección de menores y personas con discapacidad, entre los cuales están los hospitales de O Barco y Verín. Añadió que la Lei de contratación del sector público le permite la rescisión por “falta de pagamento dos salarios durante a execución do contrato”.
La diputada afirmó que la empresa es conocida en Galicia y fuera de la Comunidad Autónoma por “impagos na seguridade privada” y esgrimió que el Concello de Sevilla sancionó a Mersant Seguridad el 12 de febrero, también “por impagos a la plantilla y la Seguridad Social”, penalizándola con una multa de 17.400 euros.
A su vez, la central sindical CIG se reafirmó ayer en sus declaraciones sobre la contratación de un celador para suplir a un vigilante de seguridad que está de baja en el Hospital de O Barco y reclamó la contratación de empresas “solventes”.
Con su afirmación salió al paso de las palabras de la Dirección de Recursos Económicos del Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco asegurando que “en ningún caso se contratou a un celador no Hospital Público de Valdeorras para facerse cargo da seguridad” y que su único objetivo es la “pronta solución” del problema.
