La Fiscalía volverá a sentar en el banquillo a personas vinculadas con el sector de la pizarra. Se trata del presidente de Samaca y los representantes legales de otras cuatro empresas vinculadas a este grupo valdeorrés, a los que acusa de supuestamente defraudar 211.000 euros. El fiscal presentó además dos querellas contra otra pizarrera.
El presidente del consejo de administración de Pizarras Samaca S.A., Rogelio López, volverá a sentarse el jueves en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense, imputado de nuevo de un presunto delito contra la Hacienda pública. Con él comparecerán, como presuntos coautores de este delito, los representantes legales de otras cuatro pizarreras adscritas al grupo Samaca y poseedoras del 93% del capital de la sociedad. Se trata de Juan Carlos González, de Pizarras Gonta; Antonio Silva, de Pizarras Galir; Martín Domínguez, de Pizarras La Tranquila, y David Arias, de Pizarras Os Vales (Pivasa). Según el Ministerio Fiscal, el dominio o poder de decisión de todo este grupo empresarial se centra en Rogelio López.
La acusación pública entiende que es el presidente del consejo de administración quien, en 1996, con el ánimo de eludir el pago de impuestos a la Hacienda pública estatal, ideó un plan para rebajar la carga fiscal de Samaca. Así, explica, el plan consistía en ocultar los beneficios económicos obtenidos por la venta de pizarra por parte de Samaca a empresas de otros países, haciendo que el precio obtenido por tales ventas no se reflejara en la contabilidad ni en ningún otro documento de la mercantil y que tampoco fuera ingresado en las cuentas bancarias a nombre de la sociedad sino en las de un testaferro.
El dinero fue ingresado, según sostiene el fiscal Héctor Iglesias, en la cuenta de un cuñado de Rogelio López, que posteriormente tendría que retirarlo y se lo entregaba supuestamente a López. Iglesias afirma, además, que el resto de los acusados, conocían este acuerdo y lo asumieron y colaboraron en su ejecución a sabiendas de su ilegalidad manifiesta. No obstante, en 1999, la Agencia Tributaria detectó que tres años antes el cuñado de López había recibido un importante número de transferencias en divisas por un importe de 110.335.196 pesetas, a pesar de que no trabajaba. En colaboración con el fisco alemán, se conoció que las transferencias obedecían en realidad a la compra de pizarra por parte de una empresa alemana a Samaca. Así, el fiscal asegura que Samaca realizó ventas por más de 112 millones de pesetas en 1999 a Alemania, además de otras por más de 4,5 millones de pesetas. Ese año, Samaca declaró haber efectuado ventas por 4,9 millones de pesetas. Con estas cuentas, la acusación pública entiende que la cuota defraudada por parte de Samaca asciende a 35.120.272 pesetas (211.077 euros). Por estos hechos, Rogelio López se enfrenta a una petición de tres años de prisión, multa de 844.308 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y gozar de beneficios fiscales en cinco años, así como la inhabilitación para cualquier actividad empresarial con cargo de gestión durante el tiempo de condena. Para cada uno de los otros acusados, el fiscal reclama dos años y nueve meses de cárcel y multa de 738.769 euros. Pide también que indemnicen a la Agencia Tributaria con 211.077 euros.
Además de esta pizarrera, la Fiscalía ourensana presentó dos querellas criminales contra otra empresa del sector por delitos contra la Hacienda pública.
Absuelto de cinco delitos en 2007
Durante la instrucción, los acusados declararon que el dinero estaba destinado a pagar los sueldos y las horas extras de los empleados del grupo pizarrero. Samaca es una empresa comercializadora de pizarra que se dedica a la compra y venta del material de las empresas de sus socios, de forma que el beneficio al que aspira es el que le permita afrontar los gastos propios de Samaca, siendo los accionistas (empresas) los que reciben el mayor beneficio. Así, la defensa podría alegar que no se trata de la contabilidad de Samaca sino de las de las otras empresas, por lo que la cantidad supuestamente defraudada por ellas a Hacienda sería inferior a 120.000 euros y, por lo tanto, no constituiría delito, sino una mera sanción administrativa. El caso forma parte de las actuaciones de la Fiscalía para perseguir el fraude fiscal, según Héctor Iglesias.
Rogelio López ya fue juzgado en junio de 2007 acusado de cinco delitos contra la Hacienda pública por los que el fiscal solicitaba 12 años de prisión y multas de más de ocho millones de euros, al considerar que era responsable de fraude fiscal entre 1996 y 1999. La juez absolvió al empresario y destacaba en su sentencia que la Inspección de Hacienda cometió numerosos errores y que no debió comparar los movimientos de Samaca con los de Cupa.
La acusación pública entiende que es el presidente del consejo de administración quien, en 1996, con el ánimo de eludir el pago de impuestos a la Hacienda pública estatal, ideó un plan para rebajar la carga fiscal de Samaca. Así, explica, el plan consistía en ocultar los beneficios económicos obtenidos por la venta de pizarra por parte de Samaca a empresas de otros países, haciendo que el precio obtenido por tales ventas no se reflejara en la contabilidad ni en ningún otro documento de la mercantil y que tampoco fuera ingresado en las cuentas bancarias a nombre de la sociedad sino en las de un testaferro.
El dinero fue ingresado, según sostiene el fiscal Héctor Iglesias, en la cuenta de un cuñado de Rogelio López, que posteriormente tendría que retirarlo y se lo entregaba supuestamente a López. Iglesias afirma, además, que el resto de los acusados, conocían este acuerdo y lo asumieron y colaboraron en su ejecución a sabiendas de su ilegalidad manifiesta. No obstante, en 1999, la Agencia Tributaria detectó que tres años antes el cuñado de López había recibido un importante número de transferencias en divisas por un importe de 110.335.196 pesetas, a pesar de que no trabajaba. En colaboración con el fisco alemán, se conoció que las transferencias obedecían en realidad a la compra de pizarra por parte de una empresa alemana a Samaca. Así, el fiscal asegura que Samaca realizó ventas por más de 112 millones de pesetas en 1999 a Alemania, además de otras por más de 4,5 millones de pesetas. Ese año, Samaca declaró haber efectuado ventas por 4,9 millones de pesetas. Con estas cuentas, la acusación pública entiende que la cuota defraudada por parte de Samaca asciende a 35.120.272 pesetas (211.077 euros). Por estos hechos, Rogelio López se enfrenta a una petición de tres años de prisión, multa de 844.308 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y gozar de beneficios fiscales en cinco años, así como la inhabilitación para cualquier actividad empresarial con cargo de gestión durante el tiempo de condena. Para cada uno de los otros acusados, el fiscal reclama dos años y nueve meses de cárcel y multa de 738.769 euros. Pide también que indemnicen a la Agencia Tributaria con 211.077 euros.
Además de esta pizarrera, la Fiscalía ourensana presentó dos querellas criminales contra otra empresa del sector por delitos contra la Hacienda pública.
Absuelto de cinco delitos en 2007
Durante la instrucción, los acusados declararon que el dinero estaba destinado a pagar los sueldos y las horas extras de los empleados del grupo pizarrero. Samaca es una empresa comercializadora de pizarra que se dedica a la compra y venta del material de las empresas de sus socios, de forma que el beneficio al que aspira es el que le permita afrontar los gastos propios de Samaca, siendo los accionistas (empresas) los que reciben el mayor beneficio. Así, la defensa podría alegar que no se trata de la contabilidad de Samaca sino de las de las otras empresas, por lo que la cantidad supuestamente defraudada por ellas a Hacienda sería inferior a 120.000 euros y, por lo tanto, no constituiría delito, sino una mera sanción administrativa. El caso forma parte de las actuaciones de la Fiscalía para perseguir el fraude fiscal, según Héctor Iglesias.
Rogelio López ya fue juzgado en junio de 2007 acusado de cinco delitos contra la Hacienda pública por los que el fiscal solicitaba 12 años de prisión y multas de más de ocho millones de euros, al considerar que era responsable de fraude fiscal entre 1996 y 1999. La juez absolvió al empresario y destacaba en su sentencia que la Inspección de Hacienda cometió numerosos errores y que no debió comparar los movimientos de Samaca con los de Cupa.
