El juicio contra cinco pizarreros de Valdeorras por presunto fraude a Hacienda quedó ayer visto para sentencia. El presidente de Samaca, Rogelio López, sospecha que la imputación se debe a un resarcimiento por un fracaso profesional.
Rogelio López, el presidente de Samaca, aprovechó su última oportunidad para pedir la absolución ante el juez que determinará si él y otros cuatro pizarreros cometieron un delito fiscal. No se nos resarcirá del inmenso daño ocasionado pero servirá para que mantengamos nuestra fe en la Justicia, dijo. Quiso también dejar claras sus sospechas: Cuando nuestra declaración mantiene a Samaca en el proceso se nos cree, pero cuando lo que decimos deja fuera a Samaca no, ¿por qué?. Y él mismo se contestó asegurando que parece ser que algunos casos no asimilaron un fracaso profesional e intentan imputar a Samaca de una cosa para resacirse de algo, en referencia a su propia absolución de cinco delitos fiscales en 2007.
Todo ello después de que tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado (en representación de la Agencia Tributaria) insistieran en apuntar a Samaca como la vendedora de la pizarra a la empresa alemana Magog -ventas de las que surgió la cantidad defraudada, 30,9 millones de pesetas-. No en vano, las defensas habían sostenido en la vista oral que fueron las cinco empresas productoras (Gonta, Galir, La Tranquila, Pivasa e Irosa) las que realizaron las ventas, de forma que la cantidad defraudada no alcanzaría los 120.000 euros precisos para calificar la infracción de delito fiscal. Las defensas argumentaron que el delito había prescrito, dado que el objeto de este asunto quedó clarificado con un auto de procesamiento de 2007, 10 años después de que se produjeran los hechos.
LOS CAMBIOS
Rebaja en la responsabilidad civil
Dado que el inspector que investigó a Samaca, Agustín Fernández, aseguró en su declaración que algunas de las cantidades (las ventas descubiertas por Hacienda junto a las declaradas, todas ellas del ejercicio 1996) que se habían incluido en el cálculo de la base imponible habían sido contabilizadas dos veces, bajó ésta de 120.616.219 pesetas a 108.776.795. Ello significa que la cantidad supuestamente defraudada es de 30.976.473 pesetas (unos 186.000 euros) en lugar de los más de 35 millones de pesetas considerados inicialmente por las acusaciones. Todo ello repercute en una rebaja de las multas solicitadas a los acusados y que quedan en 744.689 euros para Rogelio López (y tres años de prisión) y 651.603 euros (y dos años y 9 meses de cárcel) para cada uno de los otros cuatro acusados. La responsabilidad civil solicitada es de 186.172 euros.
Las defensas mantuvieron su solicitud de absolución para los acusados y, en caso de que sean condenados, se tengan en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas, dado que los hechos ocurrieron en 1996, y el de confesión de los acusados. No obstante, consideran que los hechos no son constitutivos de delito fiscal al no llegar a 120.000 euros.
Todo ello después de que tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado (en representación de la Agencia Tributaria) insistieran en apuntar a Samaca como la vendedora de la pizarra a la empresa alemana Magog -ventas de las que surgió la cantidad defraudada, 30,9 millones de pesetas-. No en vano, las defensas habían sostenido en la vista oral que fueron las cinco empresas productoras (Gonta, Galir, La Tranquila, Pivasa e Irosa) las que realizaron las ventas, de forma que la cantidad defraudada no alcanzaría los 120.000 euros precisos para calificar la infracción de delito fiscal. Las defensas argumentaron que el delito había prescrito, dado que el objeto de este asunto quedó clarificado con un auto de procesamiento de 2007, 10 años después de que se produjeran los hechos.
LOS CAMBIOS
Rebaja en la responsabilidad civil
Dado que el inspector que investigó a Samaca, Agustín Fernández, aseguró en su declaración que algunas de las cantidades (las ventas descubiertas por Hacienda junto a las declaradas, todas ellas del ejercicio 1996) que se habían incluido en el cálculo de la base imponible habían sido contabilizadas dos veces, bajó ésta de 120.616.219 pesetas a 108.776.795. Ello significa que la cantidad supuestamente defraudada es de 30.976.473 pesetas (unos 186.000 euros) en lugar de los más de 35 millones de pesetas considerados inicialmente por las acusaciones. Todo ello repercute en una rebaja de las multas solicitadas a los acusados y que quedan en 744.689 euros para Rogelio López (y tres años de prisión) y 651.603 euros (y dos años y 9 meses de cárcel) para cada uno de los otros cuatro acusados. La responsabilidad civil solicitada es de 186.172 euros.
Las defensas mantuvieron su solicitud de absolución para los acusados y, en caso de que sean condenados, se tengan en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas, dado que los hechos ocurrieron en 1996, y el de confesión de los acusados. No obstante, consideran que los hechos no son constitutivos de delito fiscal al no llegar a 120.000 euros.
