El futuro de la Fundación Nuestra Señora de Fátima, que gestiona la residencia de ancianos de O Barco, está en manos de la Xunta. Así lo entiende el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, quien espera la llamada de Benestar para buscar una salida a la entidad intervenida judicialmente por posible malversación de fondos. La investigación fue promovida por la Seguridad Social ante las denuncias de irregularidades en la contratación de trabajadores realizada por varias empresas afincadas en Cataluña.
El traspaso de trabajadores entre varias empresas catalanas fue el detonante de la investigación iniciada por la Seguridad Social, que desembocaba en la intervención judicial de la Fundación Nuestra Señora de Fátima y el llamamiento a las administraciones para salvar a la entidad. Varias denuncias de empleados dieron pie a la investigación iniciada ante un posible delito de malversación de fondos. En esta dirección parecen apuntar las facturas de comidas y dietas detectadas, según indicaron las fuentes consultadas.
Ante las irregularidades, un juez catalán decidió apartar al último presidente de la fundación benéfica, Gerardo Rodríguez, de su dirección. Posteriormente, lo sustituía por un administrador judicial, también afincado en tierras catalanas. Inmediatamente, éste inició una ronda de contactos con representantes de las distintas administraciones buscando su colaboración para sacar adelante la Fundación.
Uno de los organismos que recibieron esta petición de ayuda es la Diputación provincial. Su presidente, José Luis Baltar, estima que la iniciativa debe llevarla la Xunta y se ponía a su disposición para sacar adelante al geriátrico.
El máximo responsable de la Diputación está a la espera de reunirse con la secretaria xeral de Familia e Benestar, Susana López, para analizar la línea a seguir. Mientras este encuentro no se produce, los funcionarios de la Xunta comprueban en el Juzgado la veracidad de los datos extraoficiales facilitados por el administrador catalán. En todo caso, éste manifestaba a José Luis Baltar que la situación de Nuestra Señora de Fátima é grave, según apuntó el político ourensano. Añadió que queremos que isto vaia para adiante, no descartando su incorporación al patronato que deberá nombrarse para dirigir la entidad.
La investigación comenzó en tierras catalanas, donde la Fundación realizó buena parte de sus inversiones. Sin embargo, la entidad benéfica tiene su sede en Galicia y más concretamente en la provincia de Lugo. Sobre esta ubicación en territorio gallego descansa la petición de apoyo a la Xunta.
Ante la gravedad de la situación en que se encuentra la Fundación, con sus cuentas intervenidas, los responsables municipales aparcaron la búsqueda de posibles responsabilidades hasta que se conozca la sentencia del juez y el geriátrico esté salvado.
Todos ellos apostaron por la construcción de la residencia de ancianos. Este respaldo se tradujo en la concesión de sumas muy importantes, como los 1,4 millones de euros del grupo de acción local Agader (en el que participaron los concellos de O Barco, A Rúa, Rubiá y Vilamartín). Esta subvención fue entregada a pesar de los informes contrarios que redactaron los secretarios del grupo. Los escritos se oponían a la ayuda al discrepar con una supuesta exención del Iva de la Fundación, según apuntaron las fuentes consultadas. Además, la Diputación otorgó otros 200.000 euros al Concello, destinados al geriátrico. Éste fue construido en un terreno por el que O Barco ingresó 336.000 euros y cuyo Iva debieron asumir las arcas municipales.
El edificio está totalmente amueblado
Ajenos a la marejada levantada en torno a la Fundación, los internos se preparan para las fiestas navideñas. El edificio de nueve alturas posee el mobiliario necesario para los servicios que habían sido proyectados y que el folleto promocional divide en ocho áreas: Médica, enfermería, terapia ocupacional, geriatría, psicología, trabajo social, educación social y fisioterapia. El tríptico recoge que la Fundación posee tres residencias, en Barcelona, Vallirana (Barcelona) y O Barco.
Ante las irregularidades, un juez catalán decidió apartar al último presidente de la fundación benéfica, Gerardo Rodríguez, de su dirección. Posteriormente, lo sustituía por un administrador judicial, también afincado en tierras catalanas. Inmediatamente, éste inició una ronda de contactos con representantes de las distintas administraciones buscando su colaboración para sacar adelante la Fundación.
Uno de los organismos que recibieron esta petición de ayuda es la Diputación provincial. Su presidente, José Luis Baltar, estima que la iniciativa debe llevarla la Xunta y se ponía a su disposición para sacar adelante al geriátrico.
El máximo responsable de la Diputación está a la espera de reunirse con la secretaria xeral de Familia e Benestar, Susana López, para analizar la línea a seguir. Mientras este encuentro no se produce, los funcionarios de la Xunta comprueban en el Juzgado la veracidad de los datos extraoficiales facilitados por el administrador catalán. En todo caso, éste manifestaba a José Luis Baltar que la situación de Nuestra Señora de Fátima é grave, según apuntó el político ourensano. Añadió que queremos que isto vaia para adiante, no descartando su incorporación al patronato que deberá nombrarse para dirigir la entidad.
La investigación comenzó en tierras catalanas, donde la Fundación realizó buena parte de sus inversiones. Sin embargo, la entidad benéfica tiene su sede en Galicia y más concretamente en la provincia de Lugo. Sobre esta ubicación en territorio gallego descansa la petición de apoyo a la Xunta.
Ante la gravedad de la situación en que se encuentra la Fundación, con sus cuentas intervenidas, los responsables municipales aparcaron la búsqueda de posibles responsabilidades hasta que se conozca la sentencia del juez y el geriátrico esté salvado.
Todos ellos apostaron por la construcción de la residencia de ancianos. Este respaldo se tradujo en la concesión de sumas muy importantes, como los 1,4 millones de euros del grupo de acción local Agader (en el que participaron los concellos de O Barco, A Rúa, Rubiá y Vilamartín). Esta subvención fue entregada a pesar de los informes contrarios que redactaron los secretarios del grupo. Los escritos se oponían a la ayuda al discrepar con una supuesta exención del Iva de la Fundación, según apuntaron las fuentes consultadas. Además, la Diputación otorgó otros 200.000 euros al Concello, destinados al geriátrico. Éste fue construido en un terreno por el que O Barco ingresó 336.000 euros y cuyo Iva debieron asumir las arcas municipales.
El edificio está totalmente amueblado
Ajenos a la marejada levantada en torno a la Fundación, los internos se preparan para las fiestas navideñas. El edificio de nueve alturas posee el mobiliario necesario para los servicios que habían sido proyectados y que el folleto promocional divide en ocho áreas: Médica, enfermería, terapia ocupacional, geriatría, psicología, trabajo social, educación social y fisioterapia. El tríptico recoge que la Fundación posee tres residencias, en Barcelona, Vallirana (Barcelona) y O Barco.
