Ourense no es ajeno al problema de los okupas, es decir, a la intromisión ilegal de personas ajenas a la propiedad para quedarse a vivir en ellas. Los datos que da hoy La Región hablan de que la provincia tiene 40 viviendas en estas condiciones, lo que supone un 25% más que antes de la pandemia.
Alguno de estos okupas se hacen dueños de espacios públicos abandonados y eso ya merece otra reflexión. Se trata de edificaciones que la propia administración ha construido y tiene la obligación de mantener, lo que no está haciendo.
La ciudad que tiene dinero para orquestas no tiene recursos ni dignidad para salvar el patrimonio construido, en ejemplo más del envilecimiento de la actividad política de la capital de la provincia.
Pero aún hay más: la administración que es capaz de sancionar a un propietario privado por no tener su edificio en debidas condiciones tiene los suyos que se caen a pedazos. Un nuevo ejemplo de la ley del embudo.
