“Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable” (Cicerón).
¿Qué más nos aguarda en conocer la catadura moral de la clase política que nos dirigía en aquellos tiempos en que nos amenazaba de muerte la pandemia del covid-19? Una pandemia que incentivaba la corrupción, en la compra de mascarillas y aparatos de respiración. Propiciaba el negocio la rápida propagación del corona-virus en una fase económica de recesión, que obligaba a buscar los elementos sanitarios necesarios en el mercado exterior, fundamentalmente en el este asiático, de menor coste, para dar un mayor margen de comisiones a los intermediarios. Intermediarios cercanos a las Administraciones Públicas, encargadas éstas de movilizar los fondos públicos necesarios para conseguir el material sanitario para hacer frente a la pandemia.
Se aceleraron los procedimientos de compra, relajándose aquellos utilizados normalmente en los contratos administrativos. Un relajamiento que se extendió en opaca transparencia como en la posterior rendición de cuentas. Si bien en aquella situación grave e imprevisible los gobiernos estaban obligados a obrar con rapidez, en aras de salvar vidas humanas, ello no les impedía cumplir las reglas de publicidad y transparencia en la contratación pública.
Sentenciaba Séneca que “lo que las leyes no prohíben puede prohibirlo la honestidad”. Nada que objetar lícitamente en la compra de aquel material sanitario en la excepcionalidad de la contratación pública. Lo que no es de recibo es el enriquecimiento desproporcionado de los intermediarios, no ajenos a la clase política, que se adjudicaron millonarias comisiones, tras unos precios pagados desorbitados. Un dinero en exceso que debería haber servido para incrementar el presupuesto sanitario en estructuras y personal requerido para paliar la pandemia vírica. Una pandemia que segó millares y millares de vidas humanas.
Si bien es cierto que la actuación de estos comisionistas carroñeros pueda tener escaso recorrido penal, existen otros tipos de responsabilidad de quienes permitieron estos lucros. Las responsabilidades “in eligendo” e “in vigilando” de los políticos contratantes. Responsabilidades que sí tienen un recorrido cierto, por imperativo ético: la dimisión. Porque, como bien se dice en México, “la culpa no es del indio, si no de quien lo hace compadre”. Y el compadre que es, a la sazón, políticos que comparten la corrupción. Pero hay alguien más todavía: “Quien vota a los corruptos los legitima, los justifica y es tan responsable como ellos” (Julio Anguita).
