En Italia, tras los altos muros y las rejas de sus cárceles, se desarrolla una tragedia silenciosa pero devastadora: el suicidio de los internos. Los números son escalofriantes: en el año 2022, 85 personas decidieron poner fin a sus vidas, con un promedio de siete por mes. Al año siguiente, la cifra bajó a 69, aun significando seis vidas perdidas mensualmente. Sin embargo, en el primer trimestre del 2024, más de 27 personas ya han tomado la misma trágica decisión. Estas no son solo estadísticas, son vidas rotas, historias perdidas en el abismo de la desesperación.
Los protagonistas de esta dolorosa realidad suelen ser jóvenes, a veces con apenas unos meses de condena por delante, pero que sienten que la esperanza les ha abandonado. La asistencia psicológica es escasa y el personal penitenciario se ve cada vez más desbordado. Se convierten en muertes anónimas para la sociedad, a menudo sin nombre ni historia, apenas registros en informes estadísticos. Los extranjeros enfrentan barreras adicionales debido a la falta de mediadores culturales e intérpretes, mientras que las mujeres sufren en instituciones diseñadas principalmente para hombres.
Detrás de cada suicidio hay una historia personal, pero en el entorno carcelario, estas tragedias son 17 veces más frecuentes que en la sociedad en general. La combinación de factores es compleja: una población ya vulnerable, condiciones de vida inhumanas y la falta de esperanza en un sistema que debería ofrecer una oportunidad de rehabilitación. El fracaso del sistema penitenciario en prepararlos para la reinserción es evidente.
La sobrepoblación, los suicidios y las condiciones de vida degradantes han sido denunciados por la Corte Europea de Derechos Humanos y por el Consejo de Europa, que consideran a las prisiones italianas como lugares inhumanos. Los números de condenas y las estadísticas son implacables, revelando una situación alarmante. Desde su fundación en 1959, Italia ha sido el tercer país con más condenas por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos, después de Turquía y Rusia, sumando un total de 2.466 condenas. Entre estas, se cuentan 9 por casos de tortura, 297 por violaciones al derecho a un juicio justo, 33 por tratos inhumanos y degradantes, y sorprendentemente, 1.203 por la duración excesiva de los procesos.
Es urgente un cambio de enfoque. Se deben explorar alternativas a la prisión y escuchar más de cerca a quienes están encarcelados. La rehabilitación debería ser la prioridad, no la condena al infierno que parece ser la realidad en las cárceles de este país. Es hora de reconocer que el sistema actual está fallando y tomar medidas concretas para restaurar la dignidad y la esperanza de aquellos que han perdido ambas tras las paredes de una cárcel italiana.
Davide di Paola
