Después de muchos meses de desgobierno en funciones, Pedro Sánchez logró la Investidura por la mínima mediante un acuerdo “in extremis” con Unidas Podemos, lo que dieron en llamar gobierno de coalición, un pretendido pacto progresista, social y feminista, según lo definieron ambos formaciones. Entre las líneas maestras de dicho pacto figuraban la derogación parcial de las aspectos más lesivos de la reforma laboral y el punto final de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como “ley mordaza”.
Lo que no podían imaginar los máximos dirigentes de ambas formaciones es que un mes después de formar Gobierno se iban a encontrar frente a frente con la mayor crisis sanitaria que hemos padecido, y desde entonces todos los proyectos de su programa político, como la reforma fiscal o la subida del salario mínimo han pasado a un segundo plano.
Desde que se decretó el primer tramo del estado de alarma el Ejecutivo ha gobernado con el agua al cuello, tomando medidas que no siempre han resultado acertadas y con una oposición que tampoco ha sabido estar a la altura de las circunstancias.
Las terribles consecuencias de la pandemia, sin duda la mayor tragedia sanitaria de nuestro tiempo, ha puesto en evidencia la absoluta falta de sintonía de la sociedad española con nuestros gobernantes y la ausencia de empatía de la clase política, en general, que, en las presentes circunstancias solo parecen interesada en obtener rédito político de la situación.
El último despropósito del Gobierno en torno la derogación de la reforma laboral y sus titubeos a la hora de pactar concesiones para sacar adelante las prórrogas del estado de alarma, le van a dejar en una posición muy debilitada para continuar con una Legislatura que tardó en arrancar y que va a terminar antes de lo previsto. Es difícil prever qué partido político saldrá finalmente beneficiado de esta coyuntura, pero lo que sí resulta evidente es que será la sociedad española la que resulte perjudicada, en todos los aspectos.
