Dicen algunos que el único banco de fiar es el de la plaza del pueblo, tosco pero sólido. Como economista, y a riesgo de tirar piedras contra mi propio tejado, pienso que quizás no les falte razón a quienes así opinan.
Supongo que por deformación profesional, se me ocurrió dedicarle unos minutos a leer la “Política de salvaguarda de activos” de mi entidad bancaria. Cual sería mi sorpresa al descubrir que unos ahorros invertidos en acciones, no están depositados en mi banco sino en un subcustodio del que nunca había oído hablar. Para más inri, los títulos bursátiles cedidos por mi banco a ese tercero no figuran a mi nombre, sino en una cuenta “ómnibus”, en la que las acciones de los ahorradores pertenecen nominalmente al banco. Por si no fuese esto motivo de inquietud suficiente, continúo leyendo y llego al epígrafe 6, “Riesgo de (…) pérdida de los activos de los clientes”, en el que términos como “fraude, administración deficiente, mantenimiento inadecuado de los registros o negligencia” me suben las pulsaciones. Me armo de valor para terminar la lectura de las tres páginas que quedan y respiro aliviado al ver que “los depósitos de valores están amparados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito”. ¡Menos mal! Hasta 100.000 euros, nada que temer, ¿o sí? Revisando el balance de este organismo, observo que el patrimonio del Fondo (los cuartos que tendría disponibles para indemnizarle a usted o a mí en caso de quiebra de nuestro banco) es de 3.269 millones de euros. ¿Suficiente? Ni de lejos si tenemos en cuenta que incluso entidades financieras pequeñas como Ibercaja o Kutxabank rozan los 50.000 millones de euros en activos de clientes, y que mastodontes como el Santander superan los 600.000.
Como sabiamente apunta el refranero, “guárdame de aquel en quien deposito mi confianza, que de quien desconfío me defiendo solo”.
