Que la ciudad de Ourense sea una de las de peor ordenación urbanística y caótica de España, no cabe ninguna duda. Desde hace más de 50 años, los erráticos e interesados planeamientos urbanísticos que aprobaba el gobierno de turno, que aprovechaba para consumar su pelotazo particular, y la vista gorda que hacían los inspectores (y sus superiores, volviendo aquí a incluir los políticos) permitieron una a malgama de improperios y aberraciones constructivas e incluso discriminatorias para otros lindantes a los cuales no se permitía.
Lo que no acabo de entender y lógicamente me crispa y me indigna es, como es posible que en tantos años y gobiernos que han pasado por la ciudad (para desgracia de esta) no se hagan depurado todas esas infamias y beligerancias hechas por estos, y aparte de buscar todas las tramas posibles para acabar finalmente declarando inejecutable la orden de derribo correspondiente o teniendo que pagar todos los vecinos de Ourense los costes de estas aberraciones. ¿Por qué cuando un caso de estos llega a magistratura no se buscan a los primeros culpables de esta situación, que son los que han permitido continuar con una obra, incluso dejar acabarla pudiendo paralizarla antes y multando al constructor-promotor y exigiendo responsabilidades y multas o inhabilitaciones?
Así nos va en este país...
