n n n Dice la ministra, a cuenta del pin parental, que los hijos no son propiedad de los padres, los cuales deben aceptar que reciban charlas, conferencias y enseñanzas contrarias a sus principios morales. Desconocemos si la ministra considera que los hijos, que no son propiedad de los padres, pasan a serlo del Estado y sus gobiernos. Lo cierto es que existe la obligación paterna de criar y educar a sus hijos, mantenerlos, vestirlos y pagarles todos sus gastos, excepto cuando al gobierno socialista le conviene hacer ingeniería social con los niños, enseñándoles a pensar y creer lo que les cuenten los adiestradores de la mente constituidos al efecto. Toda esta ocurrencia es avalada por su colega Ábalos, que profiere la imbecilidad de que los niños “no están inscritos en el registro de la propiedad”, y afirmando que se está impidiendo a las criaturas acceder a su derecho constitucional a la educación. Tergiversación grandiosa porque el artículo 27.3 de la Carta Magna atribuye a los padres, en exclusiva, el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus principios morales y religiosos. Y lo mismo proclama el séptimo principio de la Declaración de los derechos del Niño, y el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Algo falla en el silogismo ministerial, porque de ser cierto, ¿por qué se tolera que los hijos (o fetos) sean abortados según la voluntad de sus madres? ¿No quedamos en que los hijos no pertenecen a los padres? ¿No le importa al gobierno socialista la masacre de tanto ser inocente e indefenso?
La señora Celaá dirá lo que quiera, pero ella -que es filósofa- estudio en el Colegio del Sagrado Corazón de Bilbao, y no debió quedar insatisfecha de la educación religiosa recibida porque a sus hijas las matriculó en el Colegio Bienaventurada Virgen María, en Lejona. Así que menos lobos, Caperucita, que se te ve la vena sectaria que gastas.
