Los electores votan cada vez en mayor medida de forma cambiante e imprevisible. Uno de los desafíos más importantes del actual sistema democrático es el de asumir la consecuencias de la creciente pluralidad y fragmentación en la representación política de la ciudadanía. Recuperar las instituciones implica recuperar la credibilidad del sistema democrático. Es cuestión de crear una contrahegemonía de la cultura dominante, una reforma adecuada y valiente, incluso osada, de las instituciones que redundará en el bienestar de los ciudadanos y en la calidad de la democracia. No es sólo el Estado central el que ha ser reanimado, sino sobre todo el espíritu que dinamiza la democracia.
España está sufriendo un fallo multiorgánico en su organización social y política. Han fallado demasiadas instituciones en el camino. Así lo ha puesto de manifiesto la pandemia. La confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas y económicas se ha venido abajo. Esto no es un fenómeno que se haya dado sólo en España. Una sociedad en constante cambio, con la participación de nuevos actores, necesita una gran estabilidad en las instituciones. La estabilidad en la administración de la política requiere al mismo tiempo renovación, movilidad y capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias.
Las causas de esa situación son varias y de gran alcance. Su relación con la crisis de valores de la misma democracia es muy intensa. Las desigualdades caminan a un ritmo galopante, acrecentado por una globalización injusta. La desafección respecto al sistema político de los marginados y los excluidos, la fatiga que causa la polarización y el populismo, crean un clima asfixiante. La crisis social se hace cada día más profunda.
La resolución de la crisis es reactivar las instituciones. No permitir que se hundan en la inoperancia ni en el escepticismo. Reactivar quiere decir adaptarlas para dar respuesta satisfactoria a los ciudadanos. La corrupción política es un problema sistémico, aunque solo lo practique una minoría. Ante los casos de corrupción hay que separar claramente las responsabilidades políticas de las judiciales. Las instituciones han de saber reaccionar con vitalidad ante las dos.
