Irrita ver cómo con frecuencia las propias administraciones públicas se saltan a la torera normas, leyes o dictados judiciales cuyo incumplimiento acarrearía graves disgustos y consecuencias económicas y/o penales al sufrido ciudadano. Pongo por caso ese sucio paisaje de cartelería, coronada de logotipos oficiales, que inunda la ciudad en lugares donde la normativa prohíbe pegarlos. Y pongo, por poner otro caso, el del conselleiro de Educación, amonestado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por incumplir la sentencia judicial sobre el denominado decreto del gallego. Un cargo público que no acata el marco legal es un fuera de la ley, un político deslegitimado, un ejemplo nefasto del funcionamiento de la cosa pública. La ley, al menos eso suelen decir los políticos, está para cumplirla. Y eso me incluye a mí, a usted y al conselleiro Jesús Vázquez. Por muy estupendo que se ponga.
