Hay naciones serias y de racional y práctica mentalidad que llevan con su Constitución; es decir, con su Ley de Leyes, siglos, reformándola a lo largo de ese tiempo con la promulgación de leyes diversas y que, por ese mismo espíritu pragmático y practicista, como es el caso del Reino Unido, la tienen vigente y, curiosamente, “no escrita”, desde 1669. Y también debemos recordar que ese mismo y paradigmático Estado plurinacional como es hoy Gran Bretaña sólo pasó, históricamente, por la terrible experiencia de dos guerras civiles en un corto lapso temporal (1642-46, 1648-51). Como se recordará, los ingleses, para no tener que repetir esa traumática experiencia, llegaron a un pacífico y pactado consenso en 1668 con la famosa Revolución Gloriosa. No volvió jamás este país a repetir esa sangrienta locura sin sentido común alguno.
Toda Constitución que se da una nación para la libre y democrática coexistencia entre sus ciudadanos, debe ser un texto muy reflexionado, consensuado y siempre lo más “ambiguo” posible, por ser confeccionado teniendo siempre en la cabeza sus redactores el constante prurito de conseguir un discurso con la estudiada búsqueda de la necesaria elasticidad estatutaria, para así otorgarle al texto en su futura existencia, la posibilidad de poseer múltiples interpretaciones, según la evolución coyuntural que se vaya dando a lo largo de su deseada larga vigencia. Todo ello, para así poder legislar más tarde las necesarias leyes orgánicas que vayan complementando el espíritu de esa Carta Magna.
En España ha habido escasos ejemplos de este tipo de Constitución, empezando por la primera, la de 1812, que era todo lo contrario a lo que he expuesto anteriormente y acabando por la penúltima, la de 1931, que también adolecía de los mismos males constitucionales de la primera: intercalar en su texto minuciosas competencias de leyes menores que no deberían jamás pertenecer al texto legal fundamental. La que nos rige en este momento histórico es sino la mejor si de las mejores que ha tenido España desde el inicio de su Historia Contemporánea; o sea, desde 1808. En todo ello, tuvo muchísimo que ver un excelente profesor constitucionalista como el ya desaparecido Prof. Dr. Jordi Solé i Tura, militante del partido comunista catalán (PSUC).
Al parecer, fue el Prof. Solé, miembro del equipo de los siete ponentes elegidos para redactar el texto, el que desempeñó en ese transcendental trabajo el mayor peso de ese cometido, dado que según se cree, fue el que más participación tuvo a la hora de llevar a cabo el primer borrador de esa Constitución Española de 1978. Texto bien confeccionado pero que, al no hacerle mucho caso los gobiernos y casi todos los políticos que han ido sucediéndose en estos treinta y nueve años de vigencia, no se ha cumplido como debiera y siempre debió precisar el Estado español en todos estos años.
Los separatistas catalanes actuales que tan mal están siendo asesorados en estos cruciales momentos, si es que en verdad se están asesorando, incumplen flagrante y “puerilmente” esa Ley de Leyes que, en su momento, sus correspondientes partidos aceptaron. No hablemos aquí de ese “lujoso” Estatut autonómico catalán del que todavía gozan y que les ha permitido llegar a esta ilegal situación que ya ha pasado del color marrón oscuro de las situaciones límite para aproximarse peligrosamente a un oscuro túnel sin salida. Esperemos que ese axioma, tantas veces olvidado alevosamente por las gentes de España -hablen el idioma que hablen-, de “El sentido común es el menos común de los sentidos” se tenga por fin en cuenta es estos aciagos momentos de nuestra Historia.
