La decisión de T Solar de echar el cierre a su actividad en Ourense poniendo en la calle a los 170 trabajadores de la planta que posee en el Parque Tecnológico, es un nuevo y duro golpe a la economía de una provincia que no gana para sobresaltos y que añade otra losa sobre la posibilidad de un futuro halagüeño. En este caso resulta especialmente doloroso por cuanto se trata de una decisión que se lleva por delante un proyecto fruto de una apuesta fuerte de la empresa matriz (T-Solar Global), que contó con generosísimas ayudas oficiales, particularmente de la Xunta, y la participación de entidades gallegas, entre las que estaba Caixanova. De hecho, la creación de la planta para la fabricación de paneles solares fotovoltaicos fue presentada con gran boato en 2007 como apuesta personal del entonces presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño y, muy en particular, de su conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, valedores de la idea y gestores de la cuantiosa ayuda autonómica, seis millones de euros directos, luego redondeada por el Ejecutivo de Alberto Núñez, con cinco millones concedidos en agosto de 2010 y firmados por el entonces conselleiro Javier Guerra, además de créditos subvencionados y participaciones en el capital social: en total 16 millones de euros desde su puesta en marcha.
También la inauguración, registrada en 2008, estuvo acompañada de gran aparato propagandístico sobre las excelencias, capacidad y perspectivas de futuro de la nueva empresa. Apenas cinco años después, todo se ha ido al garete, como un castillo de naipes, con el primer vaivén de la crisis, pese a tratarse de una planta incardinada en un sector que los expertos sitúan en expansión. Todo ello sin la más mínima explicación ni pormenores de la gestión que ha llevado a T Solar en Ourense a la situación actual. Algo debería decir el controvertido presidente de la compañía, Marcial Portela, que dirigía el negocio mientras residía en Brasil y ejercía como alto ejecutivo del Banco Santander en ese país, responsabilidad que dejó hace un par de años tras embolsarse una generosa jubilación de 30 millones de euros. Los trabajadores y la sociedad ourensana en general asisten estupefactos al anuncio del cese de actividad por decisión empresarial sin una justificación. El comité de empresa sólo conoce la decisión de la presentación de concurso de acreedores, sin que nadie les haya comunicado cuál va a ser el futuro, aparte de la pérdida del trabajo. Este mutismo y las ayudas públicas deberían llevar a la Xunta y a los accionistas gallegos al menos- a intervenir para exigir la máxima claridad por parte de la empresa y las responsabilidades que correspondan, si hubiere lugar.
