Crisis sanitarias han existido siempre, y los avances de todo tipo en el mundo van a hacer que aparezcan cada vez más crisis de salud pública. Pero, quizá la crisis que ha suscitado este maldito virus está alcanzando cotas de preocupación colectiva nunca vistas hasta ahora. ¿Qué pueden hacer los poderes públicos contra el coronavirus? En primer lugar, como bien ha hecho el Gobierno de España, dejar ante todo en manos de los expertos científicos el análisis y divulgación a los ciudadanos de los riesgos y, sobre todo, de la información sobre las medidas de prevención.
Los ciudadanos alarmados confían en que desde los poderes públicos del Estado democrático se adopten todas las medidas que, de acuerdo con los conocimientos científicos y el desarrollo de la epidemia, sean convenientes y razonables. Es imposible evitar todos los riesgos. Pero sí es exigible a las administraciones públicas que impidan los evitables. Las competencias en materia de sanidad y salud pública corresponden esencialmente a las comunidades autónomas, que disponen de todas aquellas que no se adjudican constitucionalmente al Estado. Pueden así las administraciones autonómicas dictar normas de desarrollo y complementarias de las leyes básicas del Estado en el ejercicio de las competencias que les atribuyen los correspondientes estatutos de autonomía. Por otro lado, son propias de las comunidades autónomas las competencias en materia de ejecución, administración y gestión de la sanidad.
El sistema se completa con las siguientes dos reglas: las decisiones y actuaciones públicas previstas en la Ley General de Sanidad, que no se hayan reservado expresamente al Estado, se entienden atribuidas a las comunidades autónomas. La segunda establece que el Derecho público estatal será, en todo caso, supletorio del Derecho de las comunidades autónomas.
Con esta crisis del coronavirus, el actual ministro de Sanidad ha tomado desde el primer momento la iniciativa y el control sobre este gravísimo problema, en cuanto que responsabilidad principal del Estado ante una crisis general sanitaria como la que nos ataca ahora. Existe así una adecuadas y fructífera coordinación entre el ministerio y las comunidades autónomas, y se está dejando a los profesionales sanitarios espacios en las decisiones sobre la identificación y la gestión de las crisis , y todo ello llevado a cabo con enorme transparencia. Estas limitaciones de las inercias burocráticas propias de la Administración puede ayudar, sin duda, a mejorar la gestión de esta crisis sanitaria.
