El Derecho es una mujerzuela flaca y tornadiza que se deja seducir por quienquiera que sepa sonar bien las espuelas y arrastrar el sable", escribió Angel Ganivet en 1888 en El Porvenir de España. Hoy nuestro país es un Estado de Derecho, en donde, precisamente, el sometimiento y el cumplimiento de la Ley y el Derecho es lo que hace posible la democracia. Pero el Derecho también plantea problemas cuando adquiere un protagonismo excesivo en el debate político.
Algo que por desgracia empieza a ser muy frecuente entre nosotros, hasta el punto de que el Derecho, o mejor dicho su interpretación, se utiliza, casi de forma exclusiva, como arma arrojadiza entre la oposición parlamentaria y el Gobierno. La oposición fundamenta gran parte de su deslegitimación del Ejecutivo en una interpretación interesada y falsaria del marco constitucional y legal. Eso es lo que supone, por ejemplo, la apelación de Casado a una imaginaria prevaricación de Sánchez por su actuación en Cataluña.
Si el Derecho sigue siendo utilizado como único instrumento de la confrontación política, terminará degradándose y confundiendo a los ciudadanos que solo verían la validez de los comportamientos políticos en clave jurídica. Lo que irreversiblemente termina por trasladar el debate al ámbito del poder judicial.
De seguir por este senda (in)constitucional, porque rebasa los límites que a la actuación de los jueces asigna la Constitución, se corre el peligro gravísimo de convertir a los magistrados en protagonistas políticos, con el consiguiente desgaste y descomposición del necesario equilibrio entre los poderes del Estado democrático.
Algo que por desgracia empieza a ser muy frecuente entre nosotros, hasta el punto de que el Derecho, o mejor dicho su interpretación, se utiliza, casi de forma exclusiva, como arma arrojadiza entre la oposición parlamentaria y el Gobierno. La oposición fundamenta gran parte de su deslegitimación del Ejecutivo en una interpretación interesada y falsaria del marco constitucional y legal. Eso es lo que supone, por ejemplo, la apelación de Casado a una imaginaria prevaricación de Sánchez por su actuación en Cataluña.
Si el Derecho sigue siendo utilizado como único instrumento de la confrontación política, terminará degradándose y confundiendo a los ciudadanos que solo verían la validez de los comportamientos políticos en clave jurídica. Lo que irreversiblemente termina por trasladar el debate al ámbito del poder judicial.
De seguir por este senda (in)constitucional, porque rebasa los límites que a la actuación de los jueces asigna la Constitución, se corre el peligro gravísimo de convertir a los magistrados en protagonistas políticos, con el consiguiente desgaste y descomposición del necesario equilibrio entre los poderes del Estado democrático.
