Un país único y eficiente no está reñido, ni mucho menos, con el estado de las autonomías y con las diferencias culturales entre los españoles, que son evidentes. Cuestión bien distinta es que se haya aprovechado esas diferencias para sobre dimensionar el Estado (lo que supone un gasto descomunal, Cataluña acaba de pedir un nuevo rescate de 9.073 millones de euros) y crear barreras que dificultan el libre mercado y el establecimiento de empresas que creen empleo.
El Gobierno acaba de aprobar un proyecto de ley del mercado único, cuya finalidad es que desparezcan las aduanas legales entre comunidades (por poner un ejemplo, el ascensor que se construía según las normas de una comunidad autónoma podía no valer para la de al lado y ello con independencia de que en el ascensor puedan coincidir un madrileño, un catalán, un canario, un andaluz, un vasco y un gallego, no incluyo más porque seguramente ya no caben). Lo sorprendente es que Europa avanza hacía la unión de mercado y la eliminación de aduanas, lo cual hace legítima la siguiente pregunta: ¿Íbamos al revés? Parece que sí y que vamos a cambiar porque no nos queda más remedio.
Las diferencias están bien y son lógicas, fomentarlas artificialmente ya no está tan bien y que nos asfixien económicamente es pésimo. Si se quiere se puede crear una norma que obligue a racionalizar (no solo limitar) el gasto de las autonomías, pero se apruebe o no esa norma, sería muy saludable económicamente que el Gobierno de España publicase periódicamente lo que nos costarían los servicios que prestan las autonomías si la compra a los proveedores se hiciese en conjunto por todas ellas y no por separado, de tal manera que cuando una autonomía gaste más de lo que correspondería esté obligada a explicar a los ciudadanos, concienzudamente, porque se produce ese gasto innecesario.
Ahora pedimos a Ángela Merkel medidas que estimulen la economía, lo que está muy bien porque es evidente que son necesarias, pero a mi entender el mayor estímulo a la economía española depende de nosotros mismos, es decir, reducir el gasto de las autonomías a través de la máxima eficiencia y a cambio rebajar impuestos y mantener el salario de funcionarios y trabajadores. Solo hay dos fuentes de ingresos para las empresas (y por lo tanto para crear y mantener el empleo), una es el crédito, que está prácticamente cerrado, y la otra el consumo que se está reduciendo de forma grave y crea recesión. Si logramos que las autonomías tengan un gasto eficiente podremos reducir impuestos y mantener salarios, estimularemos nuestro consumo y que Ángela Merkel opine lo que quiera.
Los seis millones de parados son nuestro problema y nosotros tenemos que solucionarlo.
