No tiene fácil salida el dilema del Constitucional. Al margen de las presiones de unos y de otros lo que empieza a estar claro es que parece incapaz de resolver sobre algo que no tendría que haberse dilatado tanto: el estatuto de Cataluña. Llevan casi cuatro años dándole vueltas al tema sin encontrar la solución, el acuerdo. Desde el 2007 llevan cuatro de sus miembros en una situación de prórroga que puede que sea absolutamente legal -faltaría más- pero que no es de recibo. Así las cosas es lógico que Montilla, interesado en su estatuto y a la vista de cómo van las cosas, pida la renovación ya.
Pero tanto se ha tardado, que el quiste resulta ya excesivo para, de pronto, hacer borrón y cuenta nueva. Porque si bien Montilla lo que dice que pretende es una sentencia rápida, los populares ven en esta renovación todo lo contrario: la mejor forma para retrasar hasta después de las elecciones esa misma sentencia que, en cualquier caso, va a ser polémica.
Lo que parece claro es que este Constitucional no funciona y es absurdo seguir empeñados en mantenerlo. Cada uno podemos tener nuestras opiniones sobre el debatido estatuto catalán y discutirlas en tertulias políticas o mesas de café sin llegar a ponernos de acuerdo. Pero la obligación de un tribunal es justo la contraria: tienen que reunirse, discutir y llegar a una sentencia por mayoría. Cuando eso no sucede en cuatro años, lo lógico es cambiar el equipo, dar paso a nuevas entradas -que se puede y se debe- y ver si de esta forma una pieza clave como es el Tribunal Constitucional, enseña con el ejemplo.
Naturalmente que el problema de fondo no es el que he relatado sino el sistema mismo por el que se designan los miembros del TC. Una vez más se pone de manifiesto el ansia desmedida de control total de los partidos; ellos pactaron cómo nombrar los miembros y ellos son los únicos responsables de poner apellidos políticos a la presumible y necesaria independencia de los magistrados. Esa necesidad de poder ha ido minando la credibilidad de no pocas instituciones, desde el Fiscal General del Estado hasta el CGPJ y, lógicamente, el Supremo y el que ahora nos ocupa/preocupa, el Constitucional. Y es precisamente por esto es por lo que me resisto a afirmar que vive este tribunal en "su" laberinto, porque el laberinto se lo han creado los partidos y sólo los partidos. Pero esto no puede servir como coartada para que unos excelentes profesionales del Derecho sean incapaces de decidir ¡en cuatro años! si el estatuto de Cataluña es total o parcialmente constitucional o no. ¿Por qué no se reúnen y en lugar de estudiar la enésima propuesta presentan todos la dimisión?
