El escrutinio del voto CERA de las pasadas elecciones generales, mantuvo la atención hasta el último minuto. Como es sabido el recuento de Madrid acabó por dar el escaño 16 al PP a costa del 11 del PSOE, lo que deja a los dos bloques en 171 escaños. Configurando, si me permiten, un arco parlamentario más endiablado si cabe. Un total de 233.688 residentes en el extranjero ejercieron su derecho al voto en las elecciones del 23J, lo que supone el 10,04% de los 2,3 millones de españoles registrados en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA).
Sobre el voto en el exterior, si los expatriados tienen derecho a intervenir en la política nacional, se lleva discutiendo en España desde hace 118 años. En 1905, dos emigrantes de Buenos Aires, el republicano asturiano Rafael Calzada y el monárquico gallego Anselmo Villar, intentaron entrar en el Congreso de los Diputados, lo que lograrían años después. Diarios como El Imparcial y La Época rechazaron esta intervención política de los ausentes, por no cumplir con sus obligaciones cívicas en España, mientras que El Globo la defendía. En 1913 ya se pedía desde Argentina que los residentes en el extranjero estuvieran representados en el Senado. Una demanda reiterada muchos años después desde el propio Consejo General de la Emigración. En 1926 con la dictadura de Primo de Rivera se hizo el primer ensayo de participación en el extranjero en el llamado plebiscito nacional. Organizó una recogida de firmas para legitimarle tras el golpe de estado y que también se realizó en los consulados. En este caso un puñado de españoles de Colombia y Paraguay votaron en contra del dictador. Figuras políticas como el conde de Romanones, Eduardo Dato, Alcalá Zamora o Alejandro Lerroux, también hablaron sobre el asunto. Romanones, en concreto, dirigió una carta a los españoles en Argentina en 1915 en la que proclamó: “La patria no es la tierra, la patria son los hombres”. Sin embargo, fue el Gobierno de Adolfo Suárez el que instauró el voto emigrante, al permitirlo para el referéndum de la reforma política, en busca del mayor volumen de sufragios posible. Pero como presumía que la diáspora iba votar a la izquierda, restringió su participación en las legislativas de 1977 en un ejemplo claro de manipulación electoral.
Desde entonces la emigración ha sido objeto de un descarnado manejo político con fines electorales, a lo que siguió una evolución marcada por probadas votaciones de muertos y aumento artificial del volumen de un sufragio por lo general muy favorable al partido gobernante. Como el voto exterior no es un requisito imprescindible del sufragio universal, con frecuencia la emigración funciona como una reserva electoral que la mayoría parlamentaria abre o cierra según su conveniencia. Así, en España, en 1995, se aprobó una reforma que duplicó el censo, al que fueron incorporados varios miles de muertos, según reconoció la propia Junta Electoral Central.
En el caso de Galicia, el censo de gallegos en el exterior se disparó en los años noventa con las leyes que otorgaban la nacionalidad hasta la tercera generación de descendientes de españoles en países como Argentina. De ese modo, personas que ni habían pisado España podían participar de la elección de alcalde en un pueblo de Ourense del que ni siquiera recordaban el nombre y en el que los inscritos en el extranjero casi igualaban en ocasiones a los residentes en el municipio. Como los censos en esos países tenían numerosos desfases, las papeletas enviadas desde España llegaban a domicilios donde ya no vivía el elector o se había muerto hacía años.
Varios trabajos periodísticos documentaron cómo agentes electorales contratados en Argentina localizaban esas papeletas perdidas y se las arreglaban para suplantar al votante. El clamor por instaurar el voto rogado fue creciendo desde Galicia hasta que en 2011 así lo acordó el Congreso con acuerdo de los dos grandes partidos, que también decidieron retirar de las elecciones municipales el sufragio de los residentes en el exterior. Casi al tiempo en que se aprobaba la reforma, España se hundía en la crisis y miles de jóvenes salían a buscarse la vida a otros países. Cuando llegaron las elecciones, se encontraron con que el simple hecho de votar se había convertido en una odisea burocrática. Las protestas se organizaron en la red y hasta se creó una Marea Granate. Con el voto rogado y sus farragosas garantías administrativas, la participación de los expatriados cayó en picado, del 30% al 5%. Sistema que por séptima vez desde la transición se volvió a modificar, suprimiéndose en octubre de 2022, y como he mencionado antes con escaso éxito dado el pírrico 10,04% de participantes. Por cierto, la solicitud de voto por correo, una vez emitido el mismo anula la votación en urna, por lo que el elector carece de jornada de reflexión en caso de querer modificar su voto.
Y un último apunte ¿Puede la Junta Electoral modificar, como ha hecho, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General exigiendo el documento válido de identificación al entregar el voto en las oficinas de Correos? ¿Saben los políticos y la mayor parte de la ciudadanía que cuando el cartero nos entrega la documentación electoral en ese mismo instante podemos hacerle entrega del voto emitido sin necesidad de desplazarnos a ninguna oficina? ¿Se lo han oído explicar a alguien?
