En nombre de Sumar, el balcanizado socio del PSOE en el Gobierno (en funciones, de momento), cinco juristas han firmado un documento-borrador que aspira a convertirse en una próxima ley de amnistía para los implicados en acciones delictivas cometidas en los últimos diez años que estuvieran orientadas a conseguir un Estado propio para Cataluña.
Cinco juristas que iban ser veinte, aunque parece que fueron descolgándose a medida que iba tomando forma un texto en el que se desautoriza al Tribunal Supremo y se habla de acabar con el conflicto “entre España y Cataluña”, así, tal cual, como si fueran dos entidades jurídica y políticamente equiparables, cuando en realidad se trata de un conflicto entre España, representada por el Gobierno de la Nación) y una concreta facción partidista minoritaria en el entramado político de Cataluña (véanse los resultado de las últimas elecciones generales).
Por tanto, estamos ante lo que el lugar común denominaría “papel mojado”. Primero, porque el documento no representa a los actores centrales de la negociación. Los independentistas de Junts y ERC ya han dicho que no tienen nada que negociar con Sumar. Lo segundo, porque salta a la vista que su presentación en sociedad (el pasado martes en Barcelona) es una operación de marketing a mayor gloria de la líder de Sumar, de la que se han desmarcado los socialistas de Sánchez. Y tercero, porque ningún actor medianamente serio de la política nacional apoyaría una temeraria calificación del poder judicial por la “desproporcionada” respuesta de los tribunales al desafío golpista de octubre de 2017.
¿Significa lo antedicho que son más aceptables las tesis de Sánchez que las de su vicepresidenta, Yolanda Díaz? Ni idea. Nadie lo sabe. Silencio, se negocia. Lo único que nos consta es que, a cambio del apoyo a Sánchez en la venidera sesión de investidura, se está cocinando a escondidas una amnistía que beneficiará a los líderes del “procés”. Y lo sabemos porque el propio Sánchez, deseoso de contar con la complicidad europea, se lo contó a sus colegas de la Unión Europea antes que a su propia opinión pública.
Lo demás no deja de ser una marea especulativa sobre lo que finalmente puede acabar en el Boletín Oficial del Estado. Y también nos consta que en Sánchez y alrededores solo preocupa el “relato”, o sea, la forma de construir un discurso que haga digerible una operación de partido de modo que parezca un asunto de interés general (desjudicializar el “conflicto” en nombre de la pacificación de Cataluña). Como si el asunto de fondo se pudiera resolver solo con un hábil manejo del lenguaje.
Hasta ahí hemos llegado, oiga.
