La narrativa oficial elaborada en el Palacio de la Moncloa desliza el recado de que la política de acercamiento al nacionalismo periférico (reformas penales, indultos, amnistía, más autogobierno, etc) está contribuyendo a enfriar los ardores secesionistas en Cataluña y Euskadi.
Sea o no sea esa política la causante del fenómeno, las encuestas reflejan una sensible disminución del sentimiento independentista en ambas Comunidades Autónomas. Sobre todo, en el País Vasco. También en Cataluña, donde la cotización electoral de los socialistas fue muy superior a la suma de ERC, Junts y Vox en las generales.
Pero todo eso ya era un hecho antes de que hablaran las urnas del 23 de julio, las que generaron en el PSOE el estado de necesidad que condenó a Sánchez a gobernar condicionado por los diputados de los partidos antiespañoles.
Un asunto de fondo que, me temo, no va a ser tratado a fondo en la Convención Política que los socialistas celebran este fin de semana en territorio preelectoral gallego. Ahora la pregunta del millón, que los socialistas no se van a hacer en A Coruña, es si ese estado de necesidad (la supervivencia política de Pedro Sánchez, no nos engañemos) se hizo virtuoso al profundizar en el supuesto apaciguamiento de la convivencia en Cataluña, que es el argumento repetido a todas horas por la narrativa oficial de la Ferraz y de la Moncloa. O si, por el contrario, como algunos creemos, ha reavivado la declinante pasión secesionista posterior a las reformas penales y la concesión de indultos, básicamente.
Aunque no tuviera nada que ver con la cuestión, la reforma constitucional del artículo 49, que acaba de aprobarse en el Congreso fue aprovechada por el PNV para intentar colar unas enmiendas que reclamaban una reforma más ambiciosa de la Carta Magna. Nada menos que el derribo de algunas de sus vigas maestras, como la Corona, la soberanía nacional única e indivisible (se proponía la inclusión del derecho a decidir) o la supresión de la alusión del artículo 8 al papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la integridad territorial del Reino de España.
Todas esas enmiendas apoyadas con entusiasmo por los portavoces de ERC, Junts y Bildu, han quedado rechazadas, como es sabido, pero alimentan la sospecha de que la política de acercamiento a los nacionalistas está sirviendo para que estos se rearmen en sus cansinos discursos emancipadores y sus extravagantes ataques al Estado “represor”, la figura de Felipe VI y la supuesta conjura de los jueces contra el independentismo (el llamado “lawfare”). Suena a respuesta a una provocadora declaración de Sánchez, en la que sostenía que “los catalanes no están por la independencia”. Pues no parece.
