Sánchez y sus costaleros se han sincronizado en el hallazgo: hay terrorismo bueno y terrorismo malo. El bueno es el que pudieron haber practicado los subversivos cachorros del independentismo catalán el 14 de octubre de 2017, en el caso de que algún tribunal llegue a calificar aquellos hechos violentos de “terrorismo” (sin adjetivos).
Entonces se aplicaría el artículo de la futura ley que considera amnistiables los delitos de terrorismo cometidos sin intención de causar violaciones graves de derechos humanos. En sentido contrario, no serán amnistiables los actos terroristas que “de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos”.
Todo lo cual ocurriría en el supuesto de que la ley acabe en el BOE como ha salido de la Comisión de Justicia camino del pleno del Congreso antes de pasar al Senado. Ahí se incluye la enmienda del PSOE y Junts con la intención de blindar a los activistas de Tsunami Democrático y CDR y a sus presuntos instigadores, Carles Puigdemont entre ellos.
Enmienda rebuscada porque traslada la idea desconcertante de que puede haber un terrorismo respetuoso con los derechos humanos. Dice el sentido común que entonces no sería terrorismo, pero nos vamos acostumbrando a este tipo de barbaridades dictadas por la aberrante alianza del PSOE con los independentistas, a mayor gloria de Pedro Sánchez.
Seguramente desde la ingenuidad algunos aún confiamos en los resortes del Estado de Derecho para frenar este furtivo retoque del Código Penal que se han sacado de la manga los ganadores de la investidura de Sánchez. Sin ir más lejos, la directiva europea 2017/541 que prohíbe la extinción de responsabilidades en delitos calificados judicialmente de “terrorismo”. Y, en el orden interno, la vigencia de este tipo penal en nuestra legislación. O sea, que no ha sido borrado, como ocurrió con la secesión.
No es verdad que la euforia reine en los medios independentistas tras haber colado la enmienda destinada a blanquear política y judicialmente a los responsables del “proces”. Incluido Puigdemont, que podría ser imputado por terrorismo en el Tribunal Supremo. El caso está vivo mientras se tramita la exposición razonada remitida al alto tribunal por el juez de la Audiencia Nacional García Castellón.
Por tanto, diga lo que diga la enmienda, si es que todavía creemos en el dogma civil de la separación de poderes, al ex president se le podría complicar la amnistía en el TS.
Estemos atentos a la pantalla, pero de momento el laberinto que se ha creado es considerable. Con dos narrativas de nuevo enfrentadas. El Poder Ejecutivo y sus aliados, por un lado. Por otro, la Justicia, que hace su trabajo aplicando el Código Penal y las directivas europeas traspuestas a nuestro ordenamiento.
