Un tsunami de voluntarismo oficial despierta en los independentistas el apremio de cerrar ya la carpeta de la amnistía y reabrir la de la secesión. Como si estuviera garantizado el poder cancelador de la ley que va a salir del Congreso camino del Senado. Pero no está claro que generales y tropa vayan a quedar judicialmente amnistiados de una forma total, integral y “sin exclusiones”, como querían los independentistas.
La euforia es compartida por el Gobierno, el PSOE y las fuerzas políticas que el jueves apoyaron el dictamen de la Comisión de Justicia. En mi opinión, hacen Pascuas antes de Ramos. Se ven ganadores prematuramente. Al menos en el caso de los aforados con causas abiertas en el Tribunal Supremo y un Juzgado de Barcelona.
Algunas preguntas: ¿Hubo o no hubo “terrorismo”, a la luz de la legislación europea? y ¿hubo o no hubo un supuesto de traición en las amenazas “reales y efectivas” contra la paz social y el orden institucional en la intentona golpista de 2017 y los hechos violentos que siguieron en octubre de 2019 a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los nueve principales responsables del “proces”? Una pregunta más: ¿Encajará en la legislación europea sobre la malversación el atenuante del no enriquecimiento personal?
Lo malo para el triunfalismo reinante en el oficialismo sanchista y el independentismo catalán, mientras se acarician mutuamente los oídos, es que las respuestas a esas preguntas están institucionalmente encomendadas a los jueces. Y el problema es que los jueces y magistrados son ajenos a los planes de venta del Estado por el plato de lentejas de los siete escaños de Junts para el reenganche de Pedro Sánchez en la Moncloa.
En ese punto justo es reconocer a Felix Bolaños. ministro de Justicia (y más cosas, claro), un rasgo de lucidez cuando, al celebrar la aprobación del dictamen en la Comisión (20 votos frente a 17) dijo textualmente: “Ahora son los jueces quienes tienen que pronunciarse”.
Exacto.
Y mientras no llegue ese momento, el de la aplicación de la ley, es puro voluntarismo celebrar antes de tiempo la llegada de un tiempo de concordia en Cataluña, que la amnistía alcanzará a todos sin exclusiones (incluso a los Pujol, por ampliación del espacio temporal), y que al fin el Estado español reconoce su carácter represor.
En otras palabras: la proposición de Ley de Amnistía ha pasado el filtro de la Comisión de Justicia y pasará el del pleno del Congreso antes y después de su incómodo paso por el Senado. Pero no está escrito en ninguna parte que también va a pasar el filtro de los jueces, que son los llamados a aplicarla con independencia, a la luz del sagrado dogma civil de la separación de poderes.
