El abuso de determinadas palabras les hace perder fuerza, incluso los perfiles de su significado se desdibujan. Eso es lo que nos pasa con el sustantivo discriminación. Año 1994: en Ourense se constituye una proto asamblea reivindicativa llamada Mesa polo Desenvolvemento Económico de Ourense en la que, en nombre del progreso de la provincia, se abogaba por la lucha contra la discriminación secular del territorio. Sesudos estudios universitarios concluyeron años más tarde poco más o menos lo mismo en sus diagnósticos sobre estrategias de desarrollo económico. Aquel singular Plan Estratéxico Ourense 2010, que costó la friolera de 600.000 euros, incidía en un conjunto de acciones para sacar a la provincia del letargo y con ello poner a buen recaudo la famosa discriminación. El Plan Impulsa de la Xunta de Feijoo, que abogaba por sacar de su postración al 'interior del interior' de Galicia, queda como ejercicio retórico en el discurso político justificativo una vez que se ha consumado su inoperancia como factor de equilibrio. Cada vez que se presentan los presupuestos del Estado o de la Xunta, los partidos de la oposición (y por ella han pasado todos, lo mismo que por el gobierno) entonan la copla de la discriminación a la hora de analizar las inversiones con destino a Ourense.
Ahora 'outra aldraxe', que diría el clásico. La Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) ha distribuido los fondos del Plan Leader con un criterio cuando menos cuestionable. Y así debe ser cuando alcaldes de muy diversa adscripción política coinciden en rechazar sus criterios. Muchos de ellos gastaron fondos similares en arreglar palcos de música donde no hay orquesta ni fiesta o en reparar lavaderos en pueblos donde hay lavadoras en vez de hacerlo en proyectos estratégicos. Pero no les culpo porque quienes les votaron lo hicieron más pensando en el arreglo de la fuente que en los supuestos proyectos estratégicos.
Según el reparto del dinero que viene de la Unión Europea, A Coruña y Pontevedra sumarán 20 millones, mientras a Ourense se destinarán 7,1 millones. De nuevo volvemos a hablar de discriminación, pero creo que ya nos quedamos cortos. Los indicadores demográficos son alarmantes, más del 30% de la población es mayor de 65 años. En un censo de 330.000 habitantes no llegan a 100.000 los cotizantes a la Seguridad Social, el paro marca a fuego las vidas de casi 30.000 personas y la emigración juvenil es una herida abierta. El campo se desertiza para que arda en verano, el tren ya no para en muchas estaciones y las obras del AVE se han ralentizado. Todo esto pasa aquí. ¿Es discriminación? Ojalá, porque pese a todo aún se podría reconducir. Lo peor es si ya hablamos de rendición.
