La secuencia de los hechos que se han ido precipitando este fin de semana empiezan a desembocar en que, en nada, podemos estar hablando de dos casos y de dos procesos: el Caso Gürtel y el Caso Garzón, porque las irregularidades del juez están alcanzando cotas de verdadero escándalo. Y habrá que deslindarlos porque los dos existen y la pretensión pueda ser que la del segundo presuponga que no exista el primero.
Hay un caso Gürtel, sin duda. Una banda de chorizos y una pléyade de corruptos que se aprovecharon de sus cargos. Un auténtico muladar untado de brillantina donde por un lado habrá que castigar judicialmente a los culpables, pero a los que la ley no les alcance habrá de alcanzarlos la condena ética y política de que se han hecho claros acreedores con sus enjuagues con semejante gentuza.
Pero también hay un caso Garzón. Porque lo que está apareciendo y que ya nos temíamos: la torticera instrucción de Garzón que llega hasta la vulneración, con las escuchas a las conversaciones letrado-preso, del derecho a la Defensa, es también para que de inmediato se actúe. Es un hecho gravísimo que vulnera toda ley, todo estado de derecho y que no tiene un pase ni en nuestro orde namiento jurídico ni puede tenerlo ante cualquier instancia internacional. Estamos ante un hecho tan grave que desde luego, y a mi juicio, es constitutivo de delito. Como lo han sido las filtraciones realizadas por quienes eran los encargados de custodiar los documentos (el caso de Rita Barberá es de antología, se ordena que se destruyan y donde acaban es enviadas a la prensa amiga) y como otras irregularidades que empiezan a aflorar por los cuatro costados. Unas prácticas viciadas en origen por un juez que no debió jamás, por enemistad manifiesta con los investigados, fue número dos del partido rival en unas elecciones, instruir tal causa. Y menos aún hacerlo como lo ha hecho, vulnerando como le ha venido en gana los derechos de acusados y hasta de sus abogados. Un auténtico disparate que, algunos ya avisamos, puede acabar con todo este asunto convertido en un inmenso fiasco judicial y los culpables en la calle limpios de polvo y paja por culpa de un juez que debió dejar la toga hace ya mucho tiempo. Desde el momento que se metió, y no ha dejado de estar, en la lucha política.
La nota del Consejo General de la Abogacía, que no puede ser más elocuente y preocupante, avisa de las graves consecuen cias que los excesos cometidos por Garzón pueden acarrear. Se ha violado la ley y se ha hecho, a primera vista, ordenado por un juez: grabar las conversaciones de preso y su abogado es algo que vulnera todo derecho y es una evidencia (se han encargado además de airear tal cuestión en los medios) que tal atropello ha sido reiteradamente cometido.
Ello y toda una serie de irregularidades pueden acabar (la abogacía ya pide declarar nulo esa parte del sumario y todo lo que de ella se derive, que muy bien puede ser su totalidad) por venirle de maravilla a todos los implicados en la trama. Va a ser su mejor defensa y hasta pudiera que el clavo al que se agarren para irse de rositas, con lo cual Garzón el Justiciero habrá logrado otro de su éxitos espectáculo: ocupar durante meses las portadas pero al final, por su burda instrucción, ser el causante de que los culpables no puedan ser castigados. No sería la primera vez que pasa.
Lo dicho: por el bien de la Justicia, Garzón debería haber dejado la judicatura o haber sido obligado a dejarla hace mucho años. Desde que se metió a político, que es lo que hoy continúa siendo, aunque se vista con toga.
