Ha llegado el momento de decir ¡basta ya! No permitiremos ningún ataque a la independencia judicial. Ya sea desde la huelga o desde la barrera del diálogo y la convicción, no permitiremos la vulneración del estatuto judicial, el menoscabo de la garantía que para el ciudadano supone una justicia independiente, profesional y técnica. Quienes tienen en su mano el diseño de la carrera judicial tienen que saber que no todo es lícito, que legislar no puede suponer moldear los principios constitucionales a su gusto, y que la carrera judicial, desde la unidad de fines, mantendrá la lucha por un poder judicial fuerte, integro e independiente. A ellos les corresponde hacer leyes, a nosotros defender un modelo de juez donde la independencia constituye el núcleo de la función de juzgar.
La llamada a rebato surge del temor a ver vulnerada nuestra independencia, a sentir como la garantía de un trabajo sin interferencias puede ser soslayada, a presenciar como el Consejo General del Poder Judicial deja de ser un órgano constitucional y pasa a ser un mero ejecutor de la línea política proveniente de quien ostente el Ministerio de Justicia, a observar como la carrera judicial puede ser utilizada en función de la conveniencia política, incrementando la carga de trabajo de cada orden jurisdiccional según la voluntad del político de turno, dificultando con ello el detenimiento y estudio de cada uno de los asuntos, impidiendo la investigación de lo que no interesa, moviendo el escalafón según convenga y con todo ello convirtiendo a un poder del estado en un mero instrumento en manos del poder político.
Frente a ello demandamos, como llevamos décadas haciéndolo, un poder judicial que signifique la última barrera de la sociedad frente a cualquier utilización ilegítima del poder. Independencia, profesionalidad, preparación técnica y capacidad de resolución amparada en procedimientos ágiles, medios técnicos modernos y reforma de la oficina judicial al servicio de la función de juzgar.
Nada de eso representa el proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial, sino más bien todo lo contrario. Recoge todos los temores a una reforma efectuada ad hoc para convertir al Consejo en un instrumento al servicio del Ministerio de Justicia, en una forma de desactivar a quienes desde la independencia luchan por una sociedad más justa, menos corrupta, al servicio del ciudadano. El anteproyecto de ley que ampara el ministerio vulnera de un modo notorio el diseño de una justicia moderna e independiente, no siendo admisible en su conjunto, aunque de forma especial en los siguientes puntos:
1. El sistema de nombramiento de los vocales del Consejo en cuanto deben ser elegidos por la carrera judicial.
2. La necesidad de dedicación plena de los veinte vocales que integran el órgano constitucional, a semejanza de la ostentada por los restantes poderes del Estado.
3. La conservación por el Consejo del marco competencial que ostenta, y con especial relevancia su capacidad reglamentaria en el desarrollo del Estatuto Profesional y en materia de selección.
4. La reforma de la regulación propuesta en materia de procedimiento disciplinario.
La totalidad de los jueces, hayan o no secundado la huelga, quien manifestar a la opinión pública la gravedad del momento por el que atraviesa la carrera judicial, sometida su independencia a un gravísimo ataque institucional, ofreciendo el diálogo y la razón como medios para modificar el anteproyecto de ley en curso, haciendo del mismo un instrumento y no un ataque a la independencia judicial.
