Un país moderno, requiere de una Justicia efectiva. La independencia y la profesionalidad que todos demandamos de quienes hacen Justicia no es suficiente para satisfacer las necesidades de quienes acceden a un tribunal. Detrás de muchas de las demandas interpuestas por los ciudadanos se encuentran problemas concretos del vivir diario. Problemas que requieren una respuesta rápida. La demora en la resolución de lo planteado convierte, en ocasiones, en papel mojado la solución.
Consciente de ello, el legislador ha establecido periodos breves de tramitación de esos procedimientos. Esa declaración de intenciones no resulta efectiva sino va acompañada de los medios materiales, del presupuesto económico, necesario para implantarlo. La justicia civil, en provincias como la nuestra, ha experimentado un cambio, acorde con la evolución social, en las cuestiones que se plantean ante los tribunales. Hemos pasado de una justicia ligada al ámbito agrario, con pleitos de tierra, servidumbres, deslindes… a una justicia más próxima al consumidor, a la persona, en donde el derecho bancario, los arrendamientos, la empresa y los problemas personales toman preferencia.
En ese marco, observamos las dificultades a los que se enfrenta el Juzgado de Familia de la ciudad. Ha sido constante la evolución de los procedimientos ligados a los menores y a la disolución de la pareja, problemas que no suelen terminar con la sentencia sino que generan un elevado numero de incidencias en su ejecución. Si algo caracteriza a estos procedimientos es la necesidad de una solución rápida, inminente en el tiempo. Y no siempre se puede atender con la demora necesaria las demandas que se plantean.
Somos plenamente conscientes de la necesidad de reducir los tiempos actuales de respuestas que ofrecemos. El número actual de asuntos que resuelve el Juzgado de Familia ha provocado una saturación que no se puede resolver con la estructura actual. No se trata de un problema concreto de nuestra ciudad sino que afecta a gran parte de los juzgados de este tipo, lo que ha dificultado la búsqueda de una solución.
Las resoluciones dictadas en Ourense superan las medias nacionales, fruto del trabajo de la juez y la plantilla, y aún así no se resuelve el problema. Tampoco se dispone de un número de asuntos suficientes para demandar la creación de otro juzgado, por eso creemos en la necesidad de refuerzos puntuales, tanto en la plantilla del personal como con la aportación de un juez de apoyo, como ya contó en meses anteriores. Una justicia eficaz requiere de más medios, de más tiempo para invertir en cada asunto que se resuelve, y de una reducción de tiempos que convierta la solución que se ofrece en presente y no en pasado.
En ello trabajamos y seguiremos trabajando.
