En los últimos meses, hemos asistido a un aluvión de reformas legislativas, muchas de ellas en el ámbito procesal, que persiguen lograr una mayor agilidad en la tramitación de los procedimientos judiciales y con ello reducir el tiempo de pendencia, ese tiempo que tarda el justiciable en obtener una respuesta judicial a su demanda. La calidad de la justicia va ligada a muy diversos elementos, pero aquellos que percibe el ciudadano de una manera más evidente son los relacionados con la independencia judicial y con la obtención de una rápida respuesta.
Desgraciadamente, la valoración tan negativa de la independencia, que con tanta reiteración reclamamos los jueces, va ligada a una imagen distorsionada de la incidencia política en la propia organización judicial, y por lo tanto queda al margen del control que podemos tener los jueces de una provincia como la nuestra.
Frente a esa concepción genérica de falta de imparcialidad solo nos queda contraponer nuestro trabajo diario, ese en el cual se evidencia el papel de cada uno. Profesionalidad, preparación técnica y honestidad constituyen el eje de nuestra actuación y son la mayor garantía de una respuesta justa, aquella que se basa en el derecho y solo en él.
Pero de nada le vale al ciudadano disponer de unos profesionales independientes y cualificados si la carga de trabajo que soporta el juzgado impide una respuesta rápida y de calidad, fruto del estudio y la motivación adecuada. Recientemente, asistí en Sintra a un encuentro hispano-luso de la magistratura de ambos países, y lo hacíamos en un momento en que la judicatura portuguesa tiene un amplio debate motivado por la exigencia política de introducción de un modelo productivista, como el que se sigue en España, en donde prima más la cantidad de las resoluciones dictadas que su calidad. Allí concluíamos la necesidad de unir ambos factores en un modelo óptimo, el cual solo puede lograrse partiendo de la agilización del procedimiento judicial y la creación de más unidades judiciales.
El ciudadano demanda una justicia rápida pero también demanda que su asunto se resuelva con detenimiento, que se le digan las razones por las que se desestima y que esta valoración en derecho se haga desde la técnica, desde el estudio del caso y de la jurisprudencia aplicable. El Juzgado de Familia de Ourense, con los datos cerrados a 30 de junio del año 2015, tiene un ingreso anual estimado cercano a los 1500 asuntos. ¿Creen ustedes que con esos datos se puede obtener una justicia rápida y de calidad? Lo mismo podríamos decir del Juzgado Mercantil en el que han entrado más de 300 concursos de empresas.
Los Juzgados ourensanos, así como la totalidad de operadores jurídicos e incluso colegios profesionales como el Colegio de Economistas, hemos demandado reiteradamente la necesidad de configurar estos dos órganos judiciales como exclusivos en su respectiva jurisdicción, es decir, que solo conozcan de asuntos de familia o mercantiles.
Los números respaldan nuestra petición, como así lo hacen los informes del Consejo General del Poder Judicial, pero, además, no podemos olvidar que se trata de dos juzgados con un papel esencial en el desarrollo de nuestra sociedad. Resulta impensable la existencia de demoras en asuntos tan urgentes como los que afectan a menores o familia, o en la resolución de aquellas cuestiones que permiten el sostenimiento de nuestro tejido industrial y con ello el empleo o el establecimiento de nuevas empresas.
Son muchas las razones que amparan la petición de la creación de un nuevo juzgado civil que nos permita configurar en su exclusividad los juzgados de familia y de lo mercantil. Son razones contundentes, numéricas y de prioridad social. Ahora solo queda esperar que no caigan en saco roto, y con ello la necesidad de acudir a nuevos parches que no ofrecen una solución a la sociedad ni mejoran la percepción que los ciudadanos tienen de la justicia.
