Aún están próximas las diversas protestas que se realizaron por la supresión del desplazamiento de los Juzgados de lo Penal a las poblaciones de O Barco y Verín, cuando nos encontramos con este proyecto del Consejo General del Poder Judicial que prevé la reducción de los partidos judiciales de la provincia a dos. No resulta fácil con los datos de que disponemos efectuar una valoración acertada de la entidad del proyecto, pues su carácter estatal no permite discriminar entre las necesidades de unas y otras provincias. Así, en las de gran densidad de población y escasas distancias, como Valencia, parece acertada la concentración propuesta, pero en una provincia como la nuestra, con un marcado carácter rural y con una dispersión notoria de los núcleos de población, la supresión de juzgados, y las posteriores iniciativas que se tengan en materia de concentración o supresión de ayuntamientos, puede determinar una despoblación de las zonas rurales nada aconsejable. En todo caso, parece imprescindible, la creación en Ourense de un tercer partido judicial, que debería agrupar los actuales de Verín, Xinzo, Celanova y Bande, pues no parece razonable mantener la necesidad de desplazamientos superiores a 70 kilómetros para la realización de cualquier actuación procesal.
La gran pregunta que plantea un proyecto como este, es la relativa a su necesidad y a su posible eficacia. Realmente esta ha sido una medida demandada por los distintos colectivos judiciales. Así, en la última reunión de jueces decanos en noviembre del pasado año en Vitoria se concluía, dentro del proceso de reforma de la administración judicial, la necesidad de creación de un único partido judicial de ámbito provincial. Los diversos estudios que se han realizado ponen de manifiesto la escasa eficacia de un sistema que presenta multitud de sedes y un número muy elevado de órganos unipersonales, que dificulta la puesta en funcionamiento de la nueva oficina judicial, la creación de servicios comunes, la adopción de soluciones informáticas, y la propia especialización de los órganos.
Esta racionalización de la Planta Judicial va acompañada de la próxima implantación de los Tribunales de Instancia, que supondrán de facto la desaparición de los órganos judiciales en su estructura actual, de tal modo que en una ciudad como Ourense los cinco Juzgados de Instancia se refundirán en un único tribunal en el cual se integraran los cinco jueces, distribuyéndose los asuntos entre los mismos. Esto permitirá la recolocación del personal funcionarial, creando una única oficina que servirá a los cinco jueces, y permitirá establecer sustituciones entre los mismos sin recurrir a sustitutos, así como el aumento de la plantilla de jueces sin la necesidad de crear nuevos juzgados.
Se preguntarán ustedes qué ocurrirá con los actuales juzgados de la provincia. Lo cierto es que aún no se ha desarrollado el proyecto con la precisión suficiente para determinar el destino de cada sede, pero sí se puede afirmar que habrá juzgados que desaparecerán como tales, limitándose a la ubicación de oficinas de presentación de escritos. En aquellos partidos de más de siete juzgados, está prevista la división de los juzgados actuales mixtos en Primera Instancia y Juzgados de Instrucción, y la ubicación de unos y otros en sedes distintas, que se corresponderían con las actuales.
Toda esta reforma plantea la necesidad de crear una justicia de distrito, o como quiera denominarse, que pueda atender a los procedimientos civiles y penales de menor entidad, y que debiera residenciarse en los Juzgados que ahora se concentran. No parece procedente provocar el desplazamiento de distancias superiores a 70 kilómetros para la mera celebración de un juicio de faltas, con la necesidad de trasladar a los testigos, quienes en muchos casos son los propios policías locales.
Por último, no puedo olvidarme de los excelentes profesionales que conocí en O Carballiño, donde estuve destinado, abogados y procuradores que prestaban servicio a todo el partido judicial, y que una vez más, serán los grandes damnificados de esta reforma.
