Entre sus innumerables derivadas, el monumental embrollo provocado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras nos sitúa frente a la oportunidad de iniciar un debate largamente aplazado -y ya inaplazable- sobre el papel de la Justicia en España, y nos deja un par de sensaciones contradictorias entre la inquietud y el alivio.
En buena lógica, el debate debería quedar resuelto con el cumplimiento literal del artículo 117.1 de la Constitución, grabando a fuego y definitivamente en el ADN de nuestro sistema judicial los dos principios que establece dicho artículo: uno, que la Justicia emana del pueblo y sería razonable que este entendiera sus actuaciones, tan a menudo incompresibles. Y dos, que la imparten jueces y magistrados independientes y “sometidos únicamente al imperio de la ley”
Cualquier atajo conduce a precipicios de inseguridad, descrédito y caos: No se defiende la Patria autoproclamándose patriotas mientras se abren cuentas en Suiza, ni la Constitución proponiendo su vulneración mediante la aplicación ilegal de sus artículos (el manoseado 155), ni la Justicia si no es desde el estricto cumplimiento de la ley sin tentaciones de redentorismo social, político o patriótico. Y, sin embargo, demasiados empeños, sobreactuaciones y excesos en la repuesta judicial a las ilegalidades del sobernismo catalán abonan esa imagen de prisa y búsqueda de atajos: desde la desproporcionada acusación fiscal de rebelión, rechazada de plano en Europa, hasta la desmesura de larguísimas prisiones provisionales. Desasosiega pensar siquiera que el exclusivo y fr'io “imperio de la ley” exigido por la Constitución pudiera estar contaminado por el ruido y la furia política de una derecha asilvestrada, con el aditamento de algunas baronías socialistas derechizadas y lenguaraces, o la provocación pertinaz e insensata del independentismo. Otros “atajos” en la reciente historia de España, como el desdichado GAL, nos llevaron a otros desastres que, lejos de resolver el problema de entonces, lo agravaron y prolongaron.
Si la sentencia del TJUE produce sensación de alivio es por la constatación de que, al formar parte del espacio judicial europeo, hay mecanismos para corregir los desajustes del sistema español. Pero es inquietante la enmienda al Tribunal Supremo, cuya solvencia y fiabilidad impactan directamente en nuestras vidas, pues, al ser vértice superior de la pirámide judicial en España, es la última instancia prácticamente para el cien por cien de los ciudadanos, salvo en el poco probable caso de llamarse Junqueras o Puigdemónt.
Con todo, la sentencia del TJUE proporciona al Tribunal Supremo una inmejorable oportunidad de retroceder al punto en que se vulneraron los derechos políticos de Junqueras, evitándose en lo posible eventuales reproches futuros de instancias europeas y restando al independentismo la coartada que le da una justicia de apariencia “patriótica” para seguir justificando su intento de desbordar el sistema constitucional.
La situación podría resumirse en unas pocas reflexiones al alcance de cualquier ciudadano medio con sentido común.
1. El Tribunal Europeo establece que Junqueras adquirió su condición de eurodiputado y la inmunidad parlamentaria el 13 de junio.
2. Las actuaciones judiciales anteriores a esa fecha, incluido el juicio, que quedó visto para sentencia el día 12, no estaban condicionadas por ninguna limitación derivada de su posterior inmunidad y, por tanto, se deberían quedar como están.
3. Todas las actuaciones judiciales posteriores al día 13, incluida la sentencia y la prisión, están afectadas por la inmunidad y deberían ser anuladas para volver a ejecutarlas mediante el procedimiento correcto. Esto implicaría la excarcelación de Junqueras y la petición del suplicatorio al Parlamento Europeo para poder volver a dictar sentencia.
4. Puigdemont, al igual que Junqueras, adquirió inmunidad parlamentaria el 13 de junio, pero en su caso bastaría con retirar la euroorden dictada por el juez Llarena y, tan pronto formalice su condición de eurodiputado, solicitar el suplicatorio al Parlamento Europeo.
Parece sencillo. Pero ya digo que esta es una reflexión hecha desde el sentido común, y me temo que este asunto va a transitar más por las trochas de la maraña leguleya y de la irracionalidad política que por los caminos del sentido común.
