“Construir es colaborar con la tierra, imprimir una marca humana en un paisaje que se modificará así para siempre; es también contribuir a ese lento cambio que constituye la vida de las ciudades”
(Memorias de Adriano)
Empiezo a tener una duda que excede ya de lo razonable para convertirse en inquietante, sobre la capacidad de nuestros responsables municipales para entender lo que realmente significa un Plan General de Ordenación. No advierto el menor atisbo de reflexión y debate sobre la filosofía profunda que debe inspirar un planeamiento, y sobran discusiones sobre torres, rascacielos, polígonos urbanizables, construcción en los núcleos rurales o edificabilidad residencial privada (con sorprendente exclusión de planteamientos sobre la pública, que no debería ser una cuestión menor).
Pero con ser importantes estas cuestiones, resulta inaudito que acaparen todo el debate político y social sobre un Planeamiento que solo debería abordarlas y gestionar su encaje, modificación o descarte una vez definido y acordado el modelo general sobre el que construir el desarrollo razonable de la ciudad y su territorio.
Una ciudad es un colectivo humano plural y heterogéneo instalado en un territorio delimitado, y limitado, además, por frágiles equilibrios en su relación con el entorno, con la generación de servicios, con el bienestar de las personas, con la convivencia democrática, con la actividad productiva y económica, con la movilidad, con el paisaje y la gestión de los recursos naturales, con la sostenibilidad ambiental. La ciudad no es el cemento y el ladrillo, sino miles de personas de diversa condición y procedencia, con actividades diferentes e intereses distintos -y a menudo contradictorios- que comparten y compiten en un espacio común, generando escenarios cambiantes de gran complejidad y fuerte potencialidad de conflicto.
No se trata, por tanto, de una torre más o un rascacielos menos, sino de ordenar el territorio común -el lugar donde vivimos- con todos los usos y actividades que desarrollamos -aquello de lo que vivimos- y hacerlo desde la prevalencia innegociable de lo público como expresión genuina del interés colectivo. Una realidad extraordinariamente compleja que excede con mucho de los derechos particulares, por legítimos que sean, o de la puerilidad de los argumentarios políticos.
Tiene razón el Partido Socialista cuando alega que el punto de partida debe ser el documento aprobado inicialmente en 2013, pues definía un modelo que ahormaba y encajaba con visión de conjunto y criterios de sostenibilidad proyectos estratégicos, infraestructuras, dotaciones, nuevos ámbitos de actuación o el planeamiento heredado. Y si, como dice el Partido Popular, su propuesta es aquel documento, simplemente adaptado a la nueva legalidad sobrevenida desde 2013, no acierto a entender dónde está el problema para no alcanzar un acuerdo.
Una vez más, como en todo este sainete en el que han convertido la ciudad, sobra argumentario y falta sentido común. Y no pueden echarle la culpa a Jácome. Con los tres votos de su jibarizado gobierno, nada sopla el alcalde en esta gaita. Una vez más son el PP y el PSOE -o la suma de sus incapacidades- los que tienen a Ourense en este charco.
