Tienen los gobiernos la mala costumbre de gesionar y legislar con un doble rasero territorial: si se trata de distribuir la inversión, acostumbran a primar los territorios de mayor peso poblacional, económico y político, es decir que le dan más a quienes más tienen. Si se trata de recortar gastos o racionalizar los servicios públicos, suelen emplear tarifas planas, que, una vez más, privilegian las zonas más ricas y castigan a las más pobres, esto es, que quitan más a quienes más necesitan. Vuelve a ocurrir con la reorganización del mapa judicial que defienden el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Se entiende que es difícil entender desde Madrid el problema que causará a una provincia como Ourense la supresión de los juzgados comarcales, pero no se comprende que notengan en consideración la opinión de quienes viven la gestión pública y la administración de juticia pegados al territorio.
