Es difícil saber cuántas propiedades están okupadas en Galicia pero, siendo muy prudente, diría que suben de las 500 viviendas. La titularidad de los propietarios de todas las ocupaciones es compleja de saber, aunque calculo que aproximadamente un 60% son de procedencia bancaria y Sareb. En el resto estarían particulares, fondos de inversión y propiedades vacías de administraciones públicas.
Es importante reseñar que la zona, barrio o urbanización donde está una propiedad okupada la convierte inmediatamente en insegura para el resto de vecinos, y con numerosos conflictos de convivencia por altercados varios y delincuencia. Deprecia no solo el valor de la propiedad okupada, sino también el de resto de propiedades de la zona, por lo que las entidades financieras (la mayoría de las viviendas ocupadas son de procedencia bancaria) harían bien en dar una pensada a si merece la pena ejecutar hipotecariamente una propiedad para después abandonarla a su suerte y que pierda casi todo su valor en el mercado, ya que la totalidad de estas propiedades, cuando se recuperan, quedan en un estado calamitoso. La realidad es que los okupas tienen más derechos que los propietarios, o por lo menos es la sensación que tenemos la sociedad en general.
Hace unas pocas semanas, mi preocupación aumentaba al no clarificarse debidamente, -por una resolución de la Presidencia del INE y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local- y en la que se dictaban instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal, recientemente publicada en el BOE por la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia. Dicha resolución, presuntamente, viene a "legalizar de facto" la ocupación de una propiedad, al permitir que los okupas de viviendas ajenas se puedan dar de alta en el padrón municipal de la localidad donde habiten para poder acceder a las ventajas que esta situación les puede reportar, como las diferentes ayudas sociales o la Renta Mínima Vital, y ya se han producido varios casos en Galicia de este tipo.
Debo recordar que España es un estado de derecho, y como tal, es fundamental el respeto a la Carta Magna y a las leyes. No se puede vulnerar los derechos y libertades fundamentales de los que los españoles nos hemos dotado con la Constitución, y entre ellos está el respeto a propiedad privada.
El problema se ha agravado y multiplicado, y hay que afrontarlo. Sobre todo en una comunidad como la nuestra con más de 330.000 viviendas vacías. Y que estén desocupadas no significa que no tengan dueño, que sí lo tienen, y ahí está el catastro y los recibos del IBI a sus propietarios para dejar constancia de ello. Por lo que defiendo que la okupación de una vivienda sea considerada como un delito penado con prisión, como efecto disuasorio, y que la policía pueda pueda desalojar la vivienda okupada en 24 horas, así como inhabilitar el empadronamiento de los okupas. Porque la actual ley de desahucio exprés únicamente ha propiciado el hecho de que el propietario puede acudir en menos tiempo y por menos coste a un juicio civil de desahucio, algo de lo que la legislación procesal carecía. Aunque en la mayoría de los casos, el propietario suele recuperar la vivienda en un plazo de 3 a 12 meses y siempre con importantes desperfectos que nadie cubre por la insolvencia de los okupas.
En definitiva, la realidad es que estamos peor que nunca y con unas perspectivas de empeoramiento de la situación en nuestra comunidad autónoma, debido a una legislación que no afronta la problemática actual.
