Me resulta como mínimo paradójico que el PSOE, partido que gobernó en las dos últimas legislaturas alardeando de practicar políticas sociales, haya obviado en su totalidad el sangrante problema de los desahucios, ya que quiero recordar que la espiral creciente se empezó manifestar con virulencia en el 2007, arrojando hasta el primer semestre del 2012 la cifra de 395.000 en España. ¿Dónde han estado el PSOE y sus ministros en sus ocho años de gobierno? Supongo que imitando la pésima gestión de su ministra de Vivienda del momento, que tan negativa fue para el sector y que derivó en el cierre de su ministerio y reciclado en una secretaria general adjunta a Fomento. Y ahora, después del tremendo desaguisado que montaron, pretenden decirnos qué políticas se deben aplicar para paliar el drama de los desahucios. Pues no, los que crearon el problema jamás lo van solucionar y menos unos personajes que fueron incapaces de legislar ni aprobar ninguna medida que intentase paliar este descomunal problema social.
Dicho esto, y poniendo los puntos sobre las íes para que cada uno sepa su grado de responsabilidad -y allá cada uno con su conciencia-, abogo por la dación en pago de la deuda, introduciendo la correspondiente modificación pertinente en la Ley Hipotecaria, y por implantar el alquiler social tanto en las viviendas de promoción pública como en las propiedades adjudicadas a las entidades financieras y que estén vacías. Sería importante y totalmente asumible que un porcentaje de las viviendas del SAREB se destinasen al alquiler social. Si el SAREB es un vehículo de saneamiento del sector financiero, no sería ilógico que entre sus objetivos figurase la ayuda a familias que se están viendo afectadas por la crisis.
Quiero recordar también que la Xunta, previendo este problema, sacó un proyecto de decreto para incorporarlo a la Lei de Vivenda de Galicia aprobada el 24 de julio de este año, en el cual se establecen medidas urgentes de carácter social para las familias gallegas con dificultades económicas derivadas de la pérdida de su vivienda. Incorporando así la dación en pago en las viviendas de promoción pública (Real decreto 6/2012). Se legislo también que en estas viviendas, tanto en las que figuren en régimen de compra como de alquiler, tendrán una reducción de hasta el 50% de las rentas cuando acrediten precariedad económica.
A nivel estatal se aprobó en marzo el código de buenas prácticas, que ha resultado insuficiente a pesar de que la adhesión al mismo fue unánime por parte de todas las entidades. El error fue no incluir medidas de obligado cumplimiento a los bancos, con duras penalizaciones por incumplimiento. Este es un problema en el que el 94% de la población estaría de acuerdo en que mientras dure la crisis actual los jueces deberían poder aplazar o suspender los desahucios de quienes no pueden seguir pagando su hipoteca por estar sin trabajo, y de la misma forma, el 86% se muestra a favor de la dación en pago de deuda. En esta misma línea de apoyo a una reforma de la Ley Hipotecaria se ha manifestado a favor recientemente el Consejo General del Poder Judicial. Estos son los mimbres, pues que se legisle ya.
