Este martes 18, el Consejo de Ministros iba a aprobar una nueva Ley de Vivienda, que ya iba a nacer viciada, sin consenso, fracturando e interviniendo el libre mercado de la vivienda en España.
De entrada, el propio CGPJ ya asegura que es necesaria una “valoración empírica” y recalca que echa en falta “una justificación suficiente de la necesidad de las medidas de contención de precios del alquiler de viviendas, basada en un análisis empírico del resultado de dichas medidas”.
Y no únicamente eso, sino que el propio CGPJ tumba literalmente el informe consultivo al considerar que no es acorde con la atribución que la Constitución hace de esa materia a las Comunidades Autónomas.
Un anteproyecto de Ley de Vivienda que únicamente iba a crear inseguridad jurídica, incertidumbre y preocupación, aumentando considerablemente el galimatías normativo, a la vez que es una intervención de facto del libre mercado de la vivienda. ¿En base a qué parámetros y qué mecanismos se utilizarán para declarar una zona tensionada en el mercado del alquiler? Y ¿qué soporte legal tendrán los índices de referencia de precios?
La vivienda no es un mercado persa por mucho que se empeñe el actual Gobierno bipartito de tratarlo como tal. No se trata ni de colores políticos, ni de ideologías de ningún tipo ni condición. Se trata de coherencia, sentido común y conocimiento de la problemática -en lo que a vivienda se refiere-, de la España real, sin más.
Esta próxima ley invadiría claramente las competencias de Galicia y, bajo mi criterio, es recurrible por su más que posible inconstitucionalidad. Y no solo eso, sino que su aplicación sería compleja y rocambolesca, ya que para darle un presunto encaje legal se tendrían que modificar la Ley del Suelo estatal y autonómica para poder aplicar el recargo de hasta el 150% de IBI a viviendas vacías, tal como propone el Ejecutivo. Y por supuesto, también se tendría que modificar la Ley de Haciendas Locales. En definitiva, nos quieren someter a un nuevo laberinto normativo que solo contribuye a aumentar la ya desmesurada inseguridad jurídica, y la desproporcionada carga burocrática, con todos los efectos perniciosos económicos que ello conlleva. Todo ello significa una intervención de facto del mercado de la vivienda, cuestionando incluso la propiedad privada. Ya que sería, a mi entender, anticonstitucional, al laminar el libre derecho de la propiedad privada recogido en el artículo 31 de la Constitución.
La aplicación de la regulación de los alquileres quedaría en manos de las Comunidades Autónomas, y el presunto recargo del IBI para viviendas vacías, en las de los ayuntamientos. Así que ya veremos quién dará ese paso que únicamente generará una total y absoluta inseguridad e intranquilidad en la ciudadanía. Y no solo eso, ya que el injustificable recargo del IBI a la vivienda desocupada crearía un enorme problema en una Galicia con más de 330.000 vacías.
Y no deja en absoluto claro que los pequeños propietarios se sometan a una congelación de incentivos fiscales para bajar los precios. No es creíble y lo veremos y leeremos en la letra pequeña de la norma en su momento en el BOE. No ha habido flexibilidad ante los cambios sociales, y los jóvenes y las familias con rentas bajas lo saben perfectamente.
Hay que sacar todo el suelo urbanizable al mercado lo antes posible para abaratar precios. Y hay que poner suelo y vivienda al alcance de todos, con una nueva ley que proporcione seguridad jurídica urbanística.
Por último, destacar el dardo envenenado que incluye la futura ley, que es que la Ley de Arrendamientos Urbanos y las bonificaciones fiscales ligadas a ella en el IRPF son materia estatal y, por lo tanto, para que los ciudadanos de una Comunidad Autónoma se puedan beneficiar de las desgravaciones de hasta un 90% previstas en este nuevo marco, cada una deberá someterse al mismo. El resultado es que aquellas comunidades que rechacen declarar una zona tensionada, por estar en contra de la idea de obligar a los grandes tenedores a bajar los precios, se encontrarán con que estarán impidiendo a los particulares y pequeños propietarios -que en Galicia son el 88%- poder acogerse a los incentivos fiscales previstos. En fin, un Gobierno socialcomunista que legisla a las bravas con tal de “vender” un espejismo a sus posibles votantes a costa de lo que sea y como sea. Me recuerda aquella conocida frase de “el fin justifica los medios”. Aunque yo pienso, desde mi idealismo liberal, que el fin nunca justifica ningún medio antinatura. El creador de esa frase fue Nicolás Maquiavelo, queda todo dicho.
