La Justicia es un poder del Estado, la garantía última de los derechos y libertades de los ciudadanos, y así se debe manifestar. Pero algo no va bien cuando los ciudadanos de este país estamos perplejos (por ser suave y no estridente verbalmente, que no lo soy) ante la radiografía de la corrupción en España: 1.700 causas abiertas, 500 imputados y solo 20 elementos corruptos en prisión. Conclusión: una sensación brutal de impunidad por parte de la ciudadanía.
Palabras como prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente, forman ya parte de la jerga diaria de los medios de comunicación, y desgraciadamente de las vidas de los ciudadanos. Y mi primera pregunta es ¿qué se ha hecho tan tremendamente mal para llegar a esta situación? Pregunta que acompaño de la siguiente: ¿Responde nuestro actual sistema judicial y las leyes que nos rigen a combatir con efectividad esta lacra? La respuesta a la última pregunta es un no rotundo: nuestro sistema judicial ni tiene suficientes medios humanos, ni técnicos, ni informáticos para poder dar respuesta en tiempo y forma al aluvión de investigaciones abiertas por corrupción. Pero además de esto, los ciudadanos constatamos que tampoco existe una voluntad férrea de llegar al fondo de los temas, y aquellos jueces o fiscales que lo intentan sufren todo tipo de contratiempos en su labor, y me quedo ahí, en esta reflexión.
La Administración de Justicia ha de ser un servicio público moderno y de calidad, que la haga eficaz, accesible y transparente, articulando un sistema informático único que permita el conocimiento inmediato en red de los datos judiciales y de los que constan en los registros públicos. Así es como debería ser, pero no lo es.
Hace unos meses escribía mi opinión sobre la corrupción y las corruptelas, y compruebo que el problema solo se ha agrandado con el paso del tiempo, aunque vuelvo a insistir en la misma argumentación: que nuestro sistema judicial es la ultima línea de defensa de la ciudadanía. Por ello pido firmeza y contundencia al actual ejecutivo de la Nación en la lucha sin cuartel contra esta maldición bíblica llamada corrupción, ya que sin una actuación sólida y firme, la recuperación de la credibilidad de las instituciones y de las personas que las representan jamás tendrá lugar, con todo lo que ello conlleva en un país ansiado y necesitado de una recuperación económica y social que no se puede lastrar por más tiempo, ante la constatación alarmante de la debilidad extrema de un amplio porcentaje de familias y actividades económicas a las que se está empujando, a las primeras, a su exclusión social y al cese de actividad a las últimas. Demos motivos tangibles a la UE para que crean en nosotros y no solo manifestemos buenas intenciones.
