Los jóvenes y las unidades familiares con rentas medias-bajas son, sin duda alguna, la nueva carne de cañón electoral de la espiral política multicolor. Y no es de recibo que algunos jueguen con expectativas a sabiendas de que no se van cumplir, ni siquiera parcialmente. Y sobre todo, no es permisible, ni ética ni moralmente, que creen esa virtual posibilidad a casi la mitad de los españoles que llegan con dificultad a final de mes. En España cada vez hay más ciudadanos cuyas dificultades económicas son una constante carrera de obstáculos. En solo un año han crecido 3 puntos porcentuales, pasando del 44,9% al 47,8% de nuestra población. En concreto 1,4 millones de personas más que en 2021.
En este contexto, un buen porcentaje de los mensajes de nuestros políticos son un verdadero sinsentido, por no decir que son totalmente irresponsables. Y una muestra de ello es la Ley de Vivienda aprobada recientemente, que da finalmente la puntilla al mercado de alquiler habitual, en Galicia y en España. Y sintetizo el porqué de mi afirmación:
-No está contemplada ni sola una medida para aumentar la oferta de vivienda en arrendamiento, sino todo lo contrario.
-Una Ley que penaliza al propietario de vivienda. En Galicia el 98,5% de los propietarios son pequeños ahorradores.
-Una Ley de Vivienda letal para los inquilinos vulnerables, ya que reduce notablemente sus posibilidades de poder alquilar una vivienda.
-Ahuyenta la inversión en alquiler tanto de personas físicas como jurídicas, y en especial la de inversores foráneos.
-No aliviará los precios, todo lo contrario. Reducirá notablemente la oferta de vivienda en alquiler por la tremenda inseguridad jurídica creada. Todo ello con una demanda que seguirá creciendo a razón de un 5-8% anual.
Este es un simple ejemplo del galimatías normativo de los últimos tiempos en nuestro país. Por eso espero, y deseo, que con el inicio de la campaña electoral, la vivienda no sea el epicentro de la demagogia de unos y de otros, porque sería imperdonable e injustificable. Por esto mismo, me quedo perplejo al comprobar, con los datos oficiales en la mano, cómo el actual Ejecutivo de nuestro país no espera aumentar la inversión pública en vivienda en términos de PIB en los próximos años. Según el contenido del Programa de Estabilidad que se envió en su momento a la UE, y en el que cada país europeo rinde cuentas ante la Comisión Europea sobre las reformas que prevé llevar a cabo y resume sus principales proyecciones macroeconómicas, la planificación oficial destina el mismo 0,5% del PIB a vivienda y servicios comunitarios hasta el año 2026 inclusive. Es decir, la misma partida destinada tanto en 2021 como en 2022, con lo cual las 183.000 viviendas anunciadas quedan en un limbo presupuestario total en los próximos cuatro años. Y es más, observando la Clasificación Funcional del Gasto de las Administraciones Públicas, que contempla en Programa de Estabilidad, descubrimos que la vivienda es la partida que va a concentrar menos gasto público, con lo cual todo lo anunciando grandilocuentemente queda a los pies de la nada.
Para finalizar, espero que a los candidatos a alcaldes en estas elecciones municipales no actúen como ha hecho Pedro “el Magnificus”, y no generen una ilusión irrealizable en materia de vivienda a quienes más lo necesitan: nuestros jóvenes y las familias económicamente más débiles.
