Mi desacuerdo absoluto a que la carne, pescado, aceite, sal, pastas, yogures, embutidos, pizzas, cereales, galletas, zumos y así un largo etcétera de productos básicos de la cesta de la compra pasen de soportar un IVA del 10% al 21%. No sería un incremento de IVA, sino un trasvase de productos que pasarían de ser considerados de tipo reducido que se trasladarían al tipo general. Pero a todos los efectos, la totalidad de consumidores pagarán una repercusión de 11 puntos más por su cesta de la compra, así de claro y sin maquillajes de ningún tipo. No es de recibo y menos en mi provincia, Ourense, donde siete mil ourensanos están esperando el reparto de 190 toneladas de comida cedidas por el banco de alimentos, o donde Cáritas atiende las necesidades de más de 25.000 personas. Si encarecemos la cesta de la compra de las familias, estaremos contribuyendo a aumentar la desigualdad social, afectando de lleno a las rentas medias y bajas así como al conjunto de pensionistas, en concreto, la inmensa mayoría de los ciudadanos. Personalizando hoy mi opinión, puedo decir que como padre de tres hijos (familia numerosa) este incremento nos afectaría de una forma notoria; mi mujer, autónoma y gerente de una actividad económica del sector de la alimentación, me traslada que su sector no podría absorber semejante incremento, por lo que tendría que trasladar a los precios actuales esta brutal subida de los productos, encareciéndolos así en un marco de debilidad económica de las familias, penalizando de esta forma el consumo y lastrando el inicio de la ansiada y necesitada recuperación económica y social. Además se abre la puerta también a incrementar el impuesto del IBI, aumentado aún más la presión a muchas familias que ya no pueden soportar la carga fiscal y tributaria, con lo cual mi recomendación es la de CEOE, con la que me identifico totalmente y que va en la línea de recortar de una vez por todas el gasto público. Con una deuda pública de 980.000 millones de euros (95,7% del PIB), ésta debe ser la prioridad, y con el índice de pobreza que tenemos, encarecer la alimentación solo aumentaría el drama de cientos de miles de familias en nuestro país. España tiene un problema, gasta más que lo que recauda, pero los impuestos indirectos no pueden sustituir la función que hoy tienen los tributos directos sobre las rentas. Gravar más el consumo en una economía basada en la demanda interna significaría asfixiarla.
En nuestro país es donde más han aumentado las desigualdades económicas en el conjunto de la UE, a causa sobre todo del desempleo y de que el sistema de protección social ha dado una deficiente cobertura a los menos protegidos, en un sistema laboral muy segmentado. Y Ourense es la evidencia de ello, por lo que pido al Gobierno que repiense, reflexione y aplique el sentido común en una reforma fiscal que es necesaria, que apoyo y que defiendo, pero no a costa de laminar a la clase media de este país. Las consideraciones del comité de expertos deben ser solo eso, consideraciones, pero las decisiones única y exclusivamente las debe adoptar el Gobierno, del cual espero que sean las acertadas y las que beneficien al conjunto de la ciudadanía y más aún cuando, con la debilidad económica y social de una buena parte de los ciudadanos, una reforma fiscal errónea los puede empujar a habitar en el ya amplio porcentaje de personas que están por debajo del umbral de pobreza.
