Comienzo manifestando mi respaldo al cambio en la normativa que la Xunta ha aprobado recientemente en la adaptación de locales y oficinas para uso de viviendas. Medida que apoyo porque va contribuir a paliar el grave problema de la falta de oferta de viviendas en alquiler, y porque el cambio en la normativa de habitabilidad de Galicia, con el objetivo de facilitar y permitir en determinados supuestos que bajos comerciales abandonados o sin actividad en entornos urbanas puedan renunciar a su uso original para reconvertirse en viviendas, es positivo para la sociedad gallega en general.
Pero nos topamos con un problema aún sin solucionar: la brutal burocracia urbanística en la concesión de una licencia municipal, que, en Galicia, es de media de doce meses. La legislación estatal recomienda un plazo máximo de 3 meses para obras mayores y 1 mes para obras menores, y ningún municipio de Galicia, que yo tenga constancia, cumple con ello.
Causas principales de esta situación:
-Los recursos humanos de los Concellos no suelen estar acordes a la cantidad de trabajo, y son puestos con mucha rotación y a veces con limitada formación jurídica.
-Una excesiva burocratización del proceso, que incluye falta de coordinación entre estamentos y una falta de organización en el proceso administrativo.
-Una falta clamorosa de digitalización en el proceso en las Administraciones locales
Por lo que, desde ellas se debería agilizar y facilitar los trámites para ello, ya que, desde la Administración Autonómica se han puesto ya las bases para ello.
Normativas claras, concretas, legibles, agrupadas, simplificación administrativa y reducción de la brutal carga burocrática urbanística que lamina cualquier posibilidad de desarrollo es el camino a seguir. Y voy a añadir las cinco recomendaciones que sugiero a los Concellos gallegos, y que son las siguientes:
-Tramitación de licencias urbanísticas: Mejorar la regulación de las licencias urbanísticas impulsando una Ordenanza de Simplificación de Trámites Urbanísticos .
-Incentivos y seguridad jurídica: Necesidad de incrementar la cuantía de las bonificaciones sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, así como de acelerar la tramitación de las ayudas para la rehabilitación y vincularlas al cumplimiento de los objetivos de la Agenda Española 2030 en materia de eficiencia energética, conservación medioambiental y en materia de accesibilidad.
-Estímulos al alquiler y obra nueva: Reducción hasta el 4% tanto del IVA, como del ITP a la vivienda, como mecanismo positivo para el acceso a la vivienda de una mayor parte de la población gallega.
-Transformación digital: Es necesario impulsar metodologías que, desde la Administración, mejoren las comunicaciones y notificaciones en la tramitación de expedientes, ya que no es permisible que se tarden meses, e incluso años, en obtener licencias urbanísticas de diversas índoles.
-Tramitación de planeamiento y gestión urbanística: Hacer revisiones de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana de las siete ciudades de Galicia que se pudieran aprobar rápido; agilizar la creación de las juntas de compensación y de los proyectos de urbanización.
Conclusión: es más que necesaria una ley de seguridad jurídica urbanística con rango estatal.
