Las mujeres españolas hemos tenido que esperar hasta 2020 para que el Supremo convierta en jurisprudencia la obviedad de que no hace falta mantener una actitud peligrosamente heroica para evitar una violación. Efectivamente, no hace falta estar muerta para demostrar que no se participa con "regocijo" en la serie de repugnantes vejaciones a las que fue sometida la victima de ese grupo de psicópatas conocido como "La Manada". Y al llamarles psicópatas solo se describe a ese ser humano, impulsivo, irresponsable y narcisista, incapaz de sentir el dolor ajeno. El Supremo ha dejado meridianamente claro que el tribunal navarro "erró al calificar los hechos como un único delito continuado" y, por tanto, endurece la pena hasta los quince años. Toda una enmienda a la totalidad de una sentencia que creó una clara alarma social y otra humillación a la víctima. Eso sin recordar que uno de los jueces, de la primera vista oral, emitió un voto particular que debería pasar a los anales de las barbaridades jurídicas. Ricardo González, que sigue impartiendo Justicia en Pamplona, no sólo pidió la absolución de los acusados, sino que se extendió en la descripción del rostro de la víctima en el momento de los hechos, para deducir que no mostraba dolor.
El Supremo pudo llegar a esa conclusión porque los delincuentes no solo violaron diez veces a una chica de 18 años, sino que grabaron su "hazaña" para compartirla con los colegas. Curiosamente, ambas sentencias se han dictado en aplicación del mismo Código Penal, solo que en la Sala del Supremo había magistradas y magistrados expertos en violencia machista.
En cuanto a las reacciones políticas, sin duda, hay algunas más acertadas que otras. Llama la atención el inicial silencio de Vox, corregido muchas horas después y para calificar la sentencia de mediática. Precisamente una formación que defiende con ardor la familia y la "honra" en la mujer. Por su parte, Pablo Iglesias atribuye el cambio en la sentencia a "los millones de mujeres que por fin han sido escuchadas". Resulta paradójico que un líder político que aspira a cogobernar este país no tenga claro que las sentencias no se dictan al albur de las reclamaciones populares, unas justas y otras no, sino en aplicación del estricto cumplimiento de la ley y de las pruebas aportadas en la causa.
El Tribunal Supremo ha vuelto a demostrar, como en el juicio de los dirigentes independentistas catalanes, que España es una democracia consolidada donde se respeta el Estado de Derecho.
