Los vecinos de la presa zamorana de Ricobayo fueron los primeros en revolverse. Después llegó Valdecañas, en Cáceres, y esta semana informamos en Ourense de la súbita desertización de As Portas, O Bao, Cenza o Salas. Aprovechando el ralli del precio de la electricidad, las empresas que devoran nuestros ríos desde hace ochenta años han ido vaciando los embalses sin medir las consecuencias ni dar explicaciones a municipios envueltos en un bucle de pesadilla: las eléctricas anegaron sus mejores tierras, aceleraron la despoblación al bloquear el sector primario, lograron prórrogas ilegales de sus concesiones sin fijar un retorno digno, suprimieron el poco empleo generado y en agosto hasta no encuentran escrúpulos en provocar sequías artificiales.
Para comprobar en qué manos está el gran negocio hidroeléctrico en España es útil comparar el discurso corporativo con la realidad relatada por los medios. Acostumbrados a la opacidad y a la mercadotecnia “verde”, Iberdrola señaló que no hay nada anómalo en estos vaciados: para eso están, explican, los embalses reguladores. Pero lo que nunca han aclarado es cómo pueden convivir estos irresponsables descensos de caudal con la vida de los vecinos y el medio ambiente. Es tan evidente que la depredación incumple la ley de aguas -que incluye la garantía de una explotación racional- como que está motivada por el coste de oportunidad: los vaciados se aceleraron tras la modificación tarifaria del 1 de junio y en pleno pulso con el Gobierno por los cambios impositivos y los “beneficios caídos del cielo”. Escuchar a la empresa de Sánchez Galán decir ahora que aumentando el turbinado de la energía más barata solo buscan bajar el precio de la luz -mientras cobran el kilovatio más caro de la historia- alcanza la misma credibilidad que cuando hablan en Madrid de “perspectiva sostenible” a la vez que secan el Sil o desfiguran el Macizo Central y la Ribeira Sacra -dañando su candidatura a Patrimonio Mundial-.
La cuenca del Miño-Sil vuelve a ser este verano la más exprimida del país. As Portas alcanzó el viernes su mínimo histórico en un mes de agosto y está un 70% más vacío que el año pasado a estas alturas, cuando la electricidad se vendía a menos de la mitad de precio. Esta brutal subida está castigando con la máxima dureza a las familias y empresas en un drama con las eléctricas como únicas beneficiarias: son estas multinacionales las que pueden especular con el agua en infraestructuras amortizadas y disparar sus cuentas de resultados a costa de torturar el paisaje, matar a la escasa biodiversidad capaz de sobrevivir en esos ecosistemas moribundos, espantar el turismo y en algún caso llegar a poner en riesgo el abastecimiento hídrico.
Ourense debe tomar nota de cómo han respondido ante este abuso en Zamora o Cáceres, completamente hartos de dar todo a cambio de casi nada y ver a sus ríos convertidos en simples activos de los oligopolios eléctricos, con sus sedes fiscales lejos del territorio al que esquilman. La ministra Teresa Ribera habla de “escándalo”, pero la verdadera desvergüenza es recordar tantos años de silencios cómplices y puertas giratorias, caudales mínimos y planes hidrológicos incumplidos. Ahora es un primer paso que el Gobierno anuncie la apertura de un expediente informativo por “malas praxis” pero la hemeroteca es terca: Iberdrola ni siquiera ha pagado todavía la multa de 25 millones de euros por trucar en 2013 su oferta hidroeléctrica para aumentar beneficios y por eso para frenar la codicia, más allá de discursos, hace falta voluntad política real. Mientras tanto seguirá siendo insoportable escuchar hablar del reto demográfico y la emergencia climática desde la España Vacía, a la que en lugar de permitir el desarrollo a través del reequilibrio territorial se le sigue inundando o secando según el precio del megavatio.
