La democracia española ha madurado pero la normativa continúa con un tutelaje como si todavía fuese adolescente. Mientras los ciudadanos se preparan para decidir en urnas a la persona o partido que los representará los siguientes cuatro años, los candidatos se esfuerzan las últimas 24 horas por conseguir una fotografía original sin saltarse la prohibición de pedir el voto. El día de la llamada jornada de reflexión en España, veda o silencio electoral en América Latina y sin denominación en las democracias anglosajonas porque no existe, está establecido por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). En el artículo 53 dice que “no puede difundirse propagando electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado”. El artículo 51 señala que “termina a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación”. Y una norma que en otros tiempos más convulsos podría resultar comprensible para evitar algaradas entre partidarios de diferentes sensibilidades políticas, hoy representa un anacronismo que perdura porque nadie se ha tomado la molestia de cambiarla.
La imagen de un candidato que dedique ese tiempo destinado a la reflexión a prestar ayuda social puede aparecer en los medios de comunicación a pesar del consiguiente trasfondo político, pero en ningún caso puede pedir el apoyo para su formación política al ciudadano. En una era en la que se han superado las fronteras para difundir un mensaje gracias a la tecnología y a la inmediatez de las redes sociales, la ley española no ha superado la máquina de escribir.
En Reino Unido, Estados Unidos, Alemania u Holanda se puede pedir el voto incluso durante la jornada electoral. Se impone la libertad de expresión. Sólo el Tribunal Supremo de Estados Unidos fijó en el caso Burson v. Freeman restringir el espacio al interior de los colegios electorales y a un radio de 30 metros de los mismos. En Italia, Francia, Portugal, Rusia o Argentina está prohibida la publicación de sondeos o la concesión de entrevistas por parte de los candidatos las 24 horas previas a los comicios, pero la cautela de la legislación española es mucho mayor, ya que deja a ciegas al ciudadano durante una semana en los que respecta a las encuestas. Y así llevamos muchos años recurriendo a la trampa andorrana, donde allí sí se pueden publicar sondeos sobre lo que se siente aquí.
La sociedad es adulta y como tal necesita que la traten sus normas. A nadie se le ocurriría emular a México y prohibir el día de las elecciones la venta de alcohol para salvaguardar los comicios. Y ya puestos en faena, tampoco estaría de más sacudir el polvo a las estrategias electorales de los partidos políticos y revisar el modelo invasivo de una cartelería sin medida. La propaganda no sólo continúa pidiendo el voto desde paredes, farolas y los lugares más insospechados durante la jornada, sobre el papel, destinada a la reflexión, sino que continúan afeando el espacio público hasta que son retirados con el consiguiente coste para el erario o el tiempo acaba por destrozarlos. Ahora que se predica que no pasa nada por darle unos brochazos a la Constitución para ajustarla a los tiempos que corren, la reforma de la normativa electoral semeja un asunto menor, menor pero muy necesario.
