Los ourensanos se levantan en la mañana de Reyes un poco más confusos. El archivo provisional de la causa contra Gonzalo Pérez Jácome por las denuncias de sus propios excompañeros acerca de la gestión económica y personal de DO alimenta otro capítulo más de la peligrosa deriva de desconfianza que vive la ciudad. Un deterioro que empieza en el Concello y tristemente llega, entre recodos, al Pazo de Xustiza: ambas instituciones se han visto conectadas desde hace una década en una dolorosa relación que nos ha terminado llevando hasta el día de hoy.
La jueza no ve delitos de cohecho ni prevaricación en esas gravísimas acusaciones de cinco exediles y un exasesor realizadas ante la UDEV contra el actual alcalde de la tercera ciudad de Galicia. La realidad es que leer la forma, acreditada en el auto, en la que Jácome maneja a su antojo el dinero público o pide su parte del sueldo a un joven asesor arrinconado provoca escalofríos y detonó un terremoto en agosto. Espantados, sus propios compañeros se marcharon, junto al PP, tumbando la coalición y dejándolo solo. En un escenario tan difícil, desde estas páginas hemos pedido durante estos cuatro meses responsabilidad en el plano político para sacar a la ciudad del limbo y urgencia en el plano judicial para no repetir viejos errores que ningún ourensano quiere volver a vivir. Ahora, igual que antes, no nos corresponde determinar la culpabilidad o inocencia del alcalde. Pero sí que vuelve a ser urgente preguntarnos cuáles son los criterios que se emplean a la hora de abordar la actividad política desde la óptica judicial. Cómo podemos explicar a los lectores que la misma justicia que aceptó casi de forma sistemática tantas denuncias del líder de DO -y de otros actores- contra el bipartito ahora sea tan distante. Cómo argumentar que la misma justicia que llegó a meter en la cárcel a un alcalde por unos hechos que ocho años después siguen sin juzgar decida no llamar a declarar a un hombre que lo sucedió en el cargo ante una denuncia de este calibre. Cómo razonar por qué la Pokemon pudo nacer de un anónimo y ahora estas denuncias firmadas con nombres y apellidos y que apelan a hechos muy concretos no sirven ni siquiera para llamar a declarar al denunciado. Cómo no acabar entrando en la paradoja de que los mismos que ayudaron a hinchar la carrera de Jácome sean ahora los que echan el freno en sentido inverso.
Porque Jácome, indiscutiblemente, se alimentó de la gigantesca campaña judicial contra el gobierno de Francisco Rodríguez. Él mismo se encargaría personalmente de llevar a la Fiscalía media docena de asuntos. La ayuda a domicilio, plaza de San Antonio, obras de Bedoya y Paz Nóvoa, la casa Goretti… Este desquiciado laberinto empezó en mayo de 2009 con la dimisión del teniente de alcalde Sánchez Vidal. Fue por el “caso de los paneles” y ahí Jácome estaba fuera de la corporación -solo había sacado 1.700 votos en 2007-. Para cuando se cerró el arco en octubre del 2019, con la revocación del fallo de las asistencias técnicas, Jácome ya estaba de alcalde. Por el camino se vivieron decenas de imputaciones, cinco juicios y cero condenas: todos los concejales del PSOE y BNG de ese bipartito quedaron absueltos, pero sus carreras políticas ya se habían destruido y la ciudad había dado un vuelco completo. Y ahí sigue. En parte también por los actuales inquilinos del salón de plenos del Concello, absortos en seguir naturalizando lo anormal. Porque no, por mucho que esta corporación esté empeñada en demostrar lo contrario, no se puede gobernar con 3 de 27 ediles.
Creemos firmemente que el archivo provisional de esta causa es una mala noticia para Ourense. Las sombras arrojadas, los relatos de sus colaboradores, los ingresos bancarios enseñados y los wasaps aportados deberían ser lo suficientemente profundos como para esperar, como mínimo, que el alcalde hubiese sido citado a declarar, además de profundizar en sede judicial ante las evidentes contradicciones entre testigos. Por eso quedan zonas oscuras: el auto, por ejemplo, descarta la prevaricación sin entrar en la naturaleza de los hechos -y dando por supuesto que sí se cometieron las ilicitudes- ni llega a fundamentar un posible delito de malversación por el desvío de fondo de estas donaciones. Y se agarra a la baza del Tribunal de Cuentas para evadirse y no abordar la financiación de DO: si hay indicio de delito, la jueza ¿no debería indagar en él sin esperar a lo que pueda decir el órgano administrativo?
Solicitar esta investigación a fondo no viene movido por ansias de revancha ni maniqueas cegueras. Es avanzar para poder responder a la lógica alarma social generada por la denuncia, sin caer en los excesos de la jueza De Lara pero sin tampoco otorgar patente de corso a los que convierten la política en un acto de piratería. Es imaginar un camino intermedio entre la imprudencia judicial de la Pokemon y esta timidísima incursión en el oscuro universo de Jácome, denunciado por pedirle dinero a las personas que contrata en el Concello -y sin pudor para reconocer un trasvase de dinero desde su grupo municipal a su partido y, de ahí, a su empresa-. Es reclamar higiene democrática y el deseo, en definitiva, de arrojar algo de luz en las tinieblas en las que vive desde hace dos décadas DO. Un partido sin estatutos, sin afiliados, sin sede ni congresos y que, sumado al contexto que padece la ciudad, acaba formando un fenómeno singular: Jácome tiene el honor de ser el primer político de la historia de esta corporación que no tiene que dar ni una sola explicación sobre sus actos. No lo ha hecho ante sus todavía compañeros de grupo ni tampoco ante sus votantes y resto de vecinos de Ourense. Tampoco se lo exige la oposición ni, por ahora, la justicia. Aunque este capítulo judicial, al menos de momento, todavía no está cerrado.
