Asoma ya mayo por el horizonte y de la evolución de los datos del covid se extrae que, pese al repunte de contagios vinculado a brotes, la Semana Santa no generó en Galicia el mismo maremoto provocado en Navidad por el aumento de la movilidad y las reuniones privadas de no convivientes. Ha funcionado el esfuerzo colectivo, el efecto de las vacunas, el acierto de las medidas diseñadas por la Xunta y esa dosis de imprevisibilidad que siempre insinúa la evolución de esta pandemia y por la que no deberían caber triunfalismos mientras no se completen los objetivos de vacunación. Con la presión asistencial bajo control y una ocupación de UCI al 2%, este es hoy el escenario gallego pese al ruido generado por el fin del estado de alarma y la cuarta ola que sí sufren otras comunidades autónomas; y es de ahí de donde partió el último alivio de restricciones, tan justificado en el origen como tímido en su ejecución.
La resolución de no permitir a los bares ampliar su horario hasta las 23 horas como sí pueden hacer ya los restaurantes desprende un punto de excesiva cautela a corregir cuanto antes. Como han refrendado los ourensanos llenando terrazas y mesas este fin de semana, el actual contexto invita a la reactivación pero en la práctica el 85% de los negocios hosteleros de la provincia se ha visto discriminado: no parece que tomar un pulpo sentados en una tapería sea más peligroso que cenar en un mesón siempre que se sigan las mismas normas contra el coronavirus ya implementadas, como guardar las distancias, regular los aforos o cuidar la ventilación. Llevamos meses reclamando situar al mismo nivel la emergencia sanitaria y económica: Galicia cumple con una de las mejores notas de España en la primera parte y el reverso está en sectores que han podido trabajar menos que en otras CCAA pese a tener incidencias más bajas, y sin contar los endurecimientos específicos para sofocar picos como los sufridos en Ourense. Por eso, cuando la capital provincial ha cumplido ya un mes en el entorno de los 50-60 casos por 100.000 habitantes se hace más visible la necesidad de favorecer también su desescalada: cada día cuenta tanto para acabar con el virus como para salvar las empresas, e igual que el caos normativo vigente a nivel estatal dificulta el cumplimiento de ciertas medidas, decisiones como establecer horarios atendiendo a la licencia y no a la actividad ni a la favorable situación de los municipios golpean la moral de hosteleros al límite y que en muchas ocasiones tienen en ese tramo nocturno una de las claves para su supervivencia.
A partir de ahí se abre otro desplegable. La economía está tan dañada por las limitaciones como por las incertidumbres y las administraciones públicas, en la medida de lo posible, deben ir tapando huecos. Los bares no saben si en el futuro tendrán que poner también el medidor de CO2 o activar el registro de acceso tras ese sistema QR que apenas se ha llegado a usar, ni nadie conoce tampoco cuáles serán los siguientes pasos en el tope de capacidad interior que, por ejemplo, haría rentable la apertura de locales todavía cerrados. Para ayudar en su planificación -y respetando el papel del comité clínico- parece oportuno elaborar un calendario con los profesionales más castigados en el último año que permita una perspectiva más allá del DOG del próximo viernes. Todavía quedan al menos cuatro meses hasta que la inmunidad de rebaño permita abrir otra fase en la cohabitación con el virus, y con 400 días de experiencia pandémica acumulada es factible elaborar desde Galicia una hoja de ruta dentro de las competencias autonómicas que intensifique la reanimación, con tanta sensatez como imaginación para ser pioneros en implementar iniciativas económicas como ya se ha hecho en el plano sanitario -el autocovid o el veto a fumar en terrazas-. E igual que han sido un éxito los bonos turísticos parece necesario negociar el futuro inmediato de la Raia, examinar la configuración de los horarios a partir del 10 de mayo, coordinar con los concellos la posible ampliación de los veladores, dialogar con los promotores para favorecer los eventos culturales al aire libre, avanzar en experiencias piloto como las perfiladas esta semana para los pubs o qué programas se pueden activar para las personas vacunadas en hoteles y balnearios.
Es evidente que la dejadez del Gobierno dificulta este trabajo. Sánchez ha encontrado tiempo para nueve presentaciones del mismo plan de recuperación mientras suma medio año sin reunirse con los presidentes autonómicos: los dejó solos gestionando la pandemia y ahora se asoman al fin del estado de alarma sin herramientas para evitar situar a los jueces como sustitutos de los legisladores. Hoy se hace imposible saber qué derechos fundamentales puede restringir una autonomía por su cuenta e incluso no se descarta que el Gobierno acabe pactando prorrogar el actual paraguas jurídico en la resaca de las elecciones madrileñas. Lo único que ya sí se puede adivinar es que haga lo que haga, la Moncloa se apoyará en criterios científicos oportunamente coordinados con sus planes políticos. Pero este desquiciante fango de incoherencias no debe bloquear la necesidad de recobrar el nervio económico -y también el psicológico- siempre que los contagios estén en unos índices razonables y evitar así lo definido por el experto Cass Sunstein como “pánico al riesgo”. El reto de fondo es no convertir lo que en marzo de 2020 fue una falta de previsión generalizada ante el covid en un paralizante exceso de precaución política que impida recuperar en cuanto sea posible las libertades, espacios, actividades y empleos que se han ido escapando en estos trece meses de pesadilla.
