El Gobierno, además de su condición ejecutiva desde la que maneja los destinos y presupuestos del país, posee una no menos importante naturaleza legislativa. Es cierto que el órgano legislativo por excelencia son las Cortes, pues tienen a su cargo debatir y aprobar las leyes. Pero éstas emanan de los diferentes departamentos gubernamentales.
Son los Ministerios los que proponen los borradores a partir de los cuales nacen la mayoría de las leyes y, en muchos casos, es en los despachos de éstos donde se redactan con el apoyo de sus servicios técnicos, aunque no siempre con la debida atención a los expertos que más peso deberían tener en la materia legislada.
La actual legislatura, la décimo cuarta de la democracia, ha consumido ya tres cuartas partes de su tiempo. En este período de casi tres años ha aprobado 83 leyes. Es la legislatura con menos leyes aprobadas. El primer Gobierno de Felipe González, hace cuarenta años, había aprobado 210. En la primera legislatura de Aznar, fueron 221. El primer mandato de Zapatero se saldó con 168 nuevas leyes y el primero de Rajoy, con 170.
Si, en cantidad, la legislatura de Sánchez se ha quedado corta con respecto a sus predecesores, en calidad el nivel es todavía más bajo. El ejemplo más significativo se acaba de producir con la Ley orgánica 10/2022 de Garantía de la Libertad Sexual, conocida popularmente como “ley de solo sí es sí”.
Su gestación legislativa surgió a partir de una gran contestación social frente a la tibieza con la que eran castigados algunos delitos de violencia sexual. Ahora nos enfrentamos a que algunos de aquellos casos, ya sentenciados y condenados, se van a ver beneficiados de una suavización de penas por el efecto retroactivo de la ley recientemente aprobada. ¿Habían quedado flecos sueltos en la letra pequeña? Parece evidente.
Ya en febrero de 2020 se alertaba que la ley podría rebajar las penas que entonces fijaba el Código Penal en algunos supuestos, así que la intolerable osadía de Irene Montero de acusar ahora a los jueces de machistas no es sino una muestra de la arrogancia y de la ignorancia de una ministra a la que la responsabilidad de haber liderado esta ley le ha quedado demasiado grande y quiere trasladar a otros sus propios errores. Errores que, en una muestra de respeto hacia las víctimas, tendrían que haberla hecho dimitir sin paliativos.
Gran parte de la culpa de la pobreza, en número y calidad, de la aportación legislativa de este Gobierno se produce por la falta de diálogo entre sus integrantes, por la precipitación y el empeño de legislar a la medida de su mal entendido progresismo. Dentro del propio Ejecutivo, unos quieren unas leyes que otros torpedean y viceversa, por lo que su tramitación se prolonga y acaban aprobándose de manera apresurada con las consecuencias que ello supone para los ciudadanos.
Sin embargo, el mayor problema no es esa falta de coordinación o esa actuación por criterios partidistas que trae como consecuencia que la ley de bienestar animal sea apadrinada y redactada desde el Ministerio de Derechos Sociales, no desde Agricultura, Pesca y Alimentación, ni tampoco por el de la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y muy contestada por innumerables expertos.
O que la “ley trans” tenga todavía tantos detractores por las posibles consecuencias que podría acarrear. Es la falta de rigor, de respeto hacia los ciudadanos lo que trasciende de estos hechos. Un ministro, un diputado, no tienen por qué ser juristas. La política no es la ciencia que lo sabe todo. Pero es deber de un político rodearse de especialistas en cada materia para legislar sobre ella. Nada hay más peligroso que la inseguridad jurídica para una sociedad que necesita, sobre todo, certezas en esa materia.
Las garantías de una sociedad tienen que verse respaldadas por leyes sólidas, bien armadas, que perduren en el tiempo, que gocen de un respaldo que les dé continuidad y no que sea un parche, una ley de marca blanca, sin más propósito que salir del paso o lograr el titular de los informativos un día, cuya vigencia terminará cuando venga el siguiente Gobierno de signo contrario y la cambie. Tenemos sobrados ejemplos de situaciones como esta en aspectos tan serios y de tanta transcendencia como la educación, cuya legislación cambia tantas veces como el Gobierno.
La “ley de solo sí es sí” acaba de estallarle en las manos a sus promotores, que tratan de arrojar la culpa sobre otros. Sobre la mesa están ahora otros proyectos todavía más inquietantes, como la modificación del delito de sedición o el de malversación. De nuevo nos encontramos con un Gobierno que se mueve por el puro interés de supervivencia, para el cual no solo sacrifica el presupuesto de todos, otorgando a unos más beneficios que a otros para asegurarse su respaldo.
También ahora ha puesto sobre la mesa del sastre el cuerpo legislativo, el Código Penal, como si fuesen telas que hay que cortar a la medida de unos intereses que nada tienen que ver con las garantías jurídicas de los españoles. ¿Dónde ha quedado la exigencia de la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial? Nunca este principio de la democracia se ha visto tan cuestionado.
Hoy salen a la calle agresores sexuales. ¿Quiénes saldrán mañana? ¿Malversadores, corruptos...?
Legislar es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de ministros/as caprichosos y obsesionados por su supervivencia por encima de todo. Los Gobiernos han de favorecer que los ciudadanos crean en la Justicia, y no al revés.
