Con la quinta ola del coronavirus se está produciendo una paradoja: las decisiones planteadas para frenar la curva de contagios pueden llegar a generar más inquietud que la propia situación sanitaria. Sin quitar ni un ápice de gravedad a la explosión de casos de las últimas semanas, se aprecia una distorsión entre la actual situación de los hospitales y el espinoso perfil de algunas de las medidas anunciadas por las autonomías: la Xunta y el resto de comunidades recortan o amenazan con rebajar libertades individuales para frenar comportamientos que se podrían controlar si no hubiese este déficit de policías. Vuelven a dañar la economía cuando se ha demostrado que cerrar la hostelería no es justo ni es la solución. Y todo después de ser sorprendidos por jóvenes haciendo cosas de jóvenes y para evitar una sobrecarga asistencial que debería empezar siendo sofocada sumando los recursos necesarios.
La pandemia parece haber banalizado la gravedad de figuras como la restricción de movimientos o la suspensión del derecho de reunión. El Tribunal Constitucional (TC) abordó el miércoles esa involución al señalar que el Gobierno debería haberse amparado en el estado de excepción, y no en el estado de alarma, para el confinamiento domiciliario severo de marzo del 2020. Al margen de constatar cómo el Ejecutivo quiso evadir el control parlamentario, la lentísima resolución hace que ahora la pantalla sea bien diferente: ¿posee capacidad un gobierno autonómico para alterar derechos individuales sin ni siquiera contar con el anterior paraguas jurídico? El Supremo tumbó en su momento las restricciones de Baleares por considerarlas indiscriminadas pero abrió la posibilidad a apoyarlas siempre que sean “puntuales” y “justificadas”. La disparidad de criterios entre los altos tribunales autonómicos es evidente: el TSJ de Canarias acaba de rechazar el toque de queda nocturno permitido en la Comunidad Valenciana en los municipios de mayor incidencia covid. Conviene tener en cuenta su argumento: “No estimamos que sea proporcionada la restricción de la libertad de circulación para impedir botellones en espacios públicos”.
Ourense se levanta hoy con los interiores de la hostelería cerrados. Es una pésima noticia para los hosteleros, que vuelven a funcionar como caja de resonancia de los errores de terceros: primero les tocó pagar los fallos de previsión del Gobierno, luego las torpezas en la gestión y después ciertas actitudes irresponsables. Los indicadores apuntan que las cifras seguirán creciendo con fuerza en los próximos días y la capital se asoma a lo definido en junio por la Xunta como “riesgo extremo”: esto supondría el cierre completo de la hostelería, confinamiento perimetral, veto a los no convivientes y mascarilla obligatoria por la calle. Tras 16 meses de sufrimiento este paso atrás sería demoledor y por eso es una buena noticia que la orden publicada ayer por la tarde en el DOG incluya el riesgo de ingreso como parámetro para ajustar la incidencia acumulada. El comité clínico y las autoridades políticas deben tener muy en cuenta tanto la asincronía entre contagios y presión hospitalaria permitida por la vacunación como lo que supondrían nuevos castigos sin explorar antes todas las posibilidades ofrecidas por la ciencia.
El repunte de la pandemia bebe del tacticismo de Sánchez: de la sobreactuación de la primera ola pasó al absentismo. Pero la falta de un armazón específico que otorgue seguridad jurídica es menos preocupante que detectar el escaso valor que unos y otros han otorgado a pisotear las libertades individuales. Sin discutir el primer confinamiento -no había material de protección ni vacunas-, eso no explica lo que vino a continuación: al ciudadano se le prohibió ir a su segunda residencia, cuidar la huerta, ir a hacer deporte a otro municipio, caminar sin mascarilla por el monte o fumar solo en una terraza. Con arbitrariedad y presunción de culpabilidad.
Los propios jueces canarios recordaron al negar la petición del confinamiento nocturno que “hay medios ordinarios para resolver las problemáticas planteadas”. En la quinta ola este razonamiento encaja contra el botellón, las aglomeraciones o vigilar las normas covid. Pero son precisamente los viejos recortes en esos “medios ordinarios” los que empujan a tomar atajos: los gobernantes suman restricciones sin antes haber cumplido su parte y la ciudadanía, víctima de los dolorosos tijeretazos de la Gran Recesión, ve ahora cómo por toda España se cierran los bares o vuelve el toque de queda nocturno porque no hay médicos suficientes en Atención Primaria ni policías para vigilar de forma preventiva las plazas o garantizar la seguridad en los Vinos. Estas deben ser las bondades del estado social.
